Abel Barajas

Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), ha librado en forma definitiva e irrevocable la última investigación pendiente por un desvío de82.8 millones de pesos en el caso de la «Estafa Maestra».

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió, por mayoría, conceder en última instancia el amparo al ex funcionario contra la reapertura de la indagatoria, al concluir que el delito que le imputaban, el uso ilícito de atribuciones y facultades, está prescrito.

Este amparo le fue concedido en la instancia de revisión contra la decisión del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien había ordenado reabrir la investigación.

La indagatoria contra Lozada inició el 5 de abril de 2019, cuando la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

La querella también incluía a Pedro Javier Muñoz, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), y Tobías Francisco Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso, representantes de la misma.

A los ex funcionarios les atribuyeron un presunto desvío de 82.8 millones de pesos en un convenio suscrito el 30 de marzo de 2012 entre Pemex PEP y la UPCH, por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros.

Cuando firmó el convenio, Lozada era el administrador del activo de Producción en Cantarell y estaba adscrito a la subdirección de Producción Marina Noroeste de Pemex.

El monto del desvío corresponde a la diferencia entre el contrato original por 140 millones de pesos -con un acuerdo modificatorio de hasta 6 millones de pesos adicionales-, y el pago de los servicios que subcontrató la universidad, por 64.4 millones de pesos.

El contrato en cuestión concluyó de forma anticipada el 14 de marzo de 2014, según el expediente.

Poco después de iniciar las pesquisas, el 2 de julio del 2019, la FECC resolvió archivar por falta de elementos la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0007/2019, porque consideró que desde el 29 de junio de 2018 había prescrito el delito.

Es decir, que desde esa fecha ya había vencido el plazo de seis años para perseguir al exfuncionario por el ilícito denunciado, término que debía ser contado desde 2012, cuando ocurrió el presunto hecho delictivo.

La SFP no estuvo de acuerdo con esta decisión, desde un principio, y presentó una impugnación ante el juez Delgadillo Padierna, quien revocó el «carpetazo» e instruyó la reapertura de la indagatoria.

El argumento central de Delgadillo era que no había prescripción porque el plazo de los seis años que tiene el delito no debía contarse desde el año en que se suscribió el contrato, sino desde el 2014, cuando se acordó su terminación anticipada.

EN LA MIRA

Miguel Ángel Lozada Aguilar ha sido señalado en dos ocasiones por delitos en contra de Pemex.

  • Director de Pemex Exploración y Producción (PEP) de 2017 a 2019.
  • Acumuló dos denuncias. Una, por enriquecimiento ilícito (archivada). La otra es un presunto desvío de más de 82 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra (que ya quedó prescrito).
  • Fue inhabilitado por la SFP por un periodo de 10 años para ocupar un cargo público; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió la sanción.

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