El proceso electoral 2013 ha estado plagado de acusaciones y denuncias penales entre contendientes de los partidos, en los 14 estados de la República donde se registraron ayer elecciones. Los primeros comicios del sexenio quedan marcados por la judicialización de la política y tendrán que dirimirse en tribunales, incluyendo los conflictos poselectorales que hasta el momento de escribir estas líneas se desconocían.
Parte de la responsabilidad de esta elección recae en las autoridades penales, obligadas a rendir cuentas claras a los ciudadanos respecto de todos los asuntos denunciados, con el fin de transparentar los comicios y darle certidumbre a la contienda. Los ministerios públicos estatales, el presidente de la Comisión Especial para Seguimiento a los Procesos Electorales en el Senado, José María Martínez, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada por Alfredo Orellana, deberán resolver las denuncias desterrando todo abuso del derecho penal, sin usarlo como herramienta procesal de venganza e intimidación política.
Recordemos que en toda transición democrática, el resultado final lo determina la verdadera comprensión estratégica del debate y el pragmatismo político. Sin embargo, en situaciones de transición legislativa, como la que atraviesa México, el derecho penal está inmerso en severos conflictos por la confrontación provocada por intereses divergentes entre política y justicia.
Habremos de ser sensibles a cualquier acción violenta y delictiva que haya lesionado o puesto en peligro el sufragio como expresión libre y soberana de la voluntad popular. El voto ciudadano no puede ser letra muerta. El Estado debe garantizar eficazmente su carácter universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Nuestra democracia requiere una estructura jurídica y un régimen político sólidos, para el constante mejoramiento de las condiciones políticas, económicas y sociales de los gobernados. En este sentido, un avance legislativo sin precedente en materia de impartición de justicia penal está por consolidarse. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar la fracción XXI del Artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia procesal penal única.
Su aprobación final implicará dar un paso crucial para expedir un código procesal penal único y fortalecer la reforma al nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, cuya vigencia impostergable es el 2016.
Carlos Requena
Derecho Reservado – El Economista
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