La tortuga caguama, una de las seis especies de tortugas marinas que habitan en México -recordemos que sólo siete habitan en el mundo- enfrenta su más grave amenaza por la pesca ilegal en costas mexicanas.
La comunidad científica denunció que, tan solo en los últimos seis años, han muerto por esta pesca más de 7,000 tortugas caguama.
Esto ha encendido todas las alertas internacionales y locales: este quelonio, conocido como tortuga marina, amarilla o caguama, está hoy en peligro de extinción.
La pesca en México es obsoleta y extremadamente agresiva. De nada sirvió que el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari decretara veda total y permanente para todas las especies de tortugas marinas, pues, por inadecuadas prácticas pesqueras, hoy retrocedemos en derechos de conservación.
La tortuga caguama del Pacífico Norte nace en Japón y migra por el océano hasta el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, México, donde encuentra abundante alimento.
Esta zona del país, paradójicamente su punto de reunión, se ha convertido en un terrible cementerio por la pesca incidental, el alto valor comercial de su carne y el robo de sus preciados huevos.
Investigadores del Instituto Nacional de Pesca consideran que, en cada lance de red, queda atrapada al menos una tortuga de esta especie para morir ahogada.
Ambientalistas reportan cientos de personas dedicadas a la pesca clandestina en Baja California Sur; gran parte de sus ingresos provienen de esa especie. Cada vez más expertos y organizaciones sociales se suman para tratar de revertir la masacre.
Recientemente, Jean-Michel Cousteau, hijo del oceanógrafo Jacques Cousteau, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, demandando acciones de conservación urgentes para asegurar la supervivencia de la tortuga caguama.
Por medio de su organización Ocean Futures Society (OFS), Cousteau denuncia que en el 2012 aumentó el número de captura incidental de la tortuga caguama, justificando la inmediata actuación del gobierno federal mexicano.
TORTUGUISMO GUBERNAMENTAL
Es urgente crear un área de refugio para las tortugas marinas y diversificar las alternativas económicas para un reordenamiento inmediato de los pescadores de la región bajacaliforniana.
Es insuficiente legislar como delito la captura, daño o privación de la vida de alguna tortuga marina, así como su recolección o almacenamiento de sus productos. Lo verdaderamente necesario es que las autoridades competentes hagan valer la ley y erradiquen la impunidad de los pescadores ecocidas.
Éste es uno de los retos de Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de Pesca y del propio gobierno del estado de Baja California Sur, pues hoy se carece de una respuesta oficial, organizada y viable, ante la grave amenaza ambiental.
La inacción quizá lleve a México a enfrentar un embargo comercial por parte de EU, tal y como ocurrió con el atún, el cual arrojó impactos económicos severos para la pesca mexicana. Es inconcebible que siendo el Golfo de Ulloa la región de crianza y reproducción de la tortuga, hoy sea el sitio donde sea asesinada impunemente.
Carlos Requena
Derecho Reservado | El Economista
https://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/08/04/tortugas-otro-ecocidio-mexicano
