Son loables algunos esfuerzos gubernamentales para combatir y erradicar corrupción.
¿Qué empresa quieres ser ante el sistema o sector público nacional? La corrupción, como fenómeno de la criminalidad, resulta eternizable e inagotable. Muchos hablan, hablan y discuten incansablemente al respecto, pero no logran resultados efectivos. En este contexto, son loables algunos esfuerzos gubernamentales para combatir y erradicar tal corrupción.
El pasado 9 de noviembre del año 2022 se publicó en México en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Padrón y del Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Siendo resultado de la coordinación institucional encabezada por Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública del Gobierno de México.
El acuerdo
Sugerimos a los interesados en obtener el “Distintivo de Integridad Empresarial”, mediante el fomento de buenas prácticas, programas de integridad y medidas anticorrupción, analizar el contenido, alcances y efectos del Acuerdo, el cual puede ser localizado en la siguiente dirección electrónica https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670892&fecha=09/11/2022&print=true
Recordemos que nuestro país adquirió el compromiso a nivel internacional de adoptar medidas para prevenir la corrupción e implementar mejoras a las normas contables y de auditoría en el sector privado. También de promover la transparencia entre entidades privadas. incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y físicas involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas; así como velar porque las empresas privadas, de acuerdo con su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción.
Evidentemente estos fenómenos delictivos no son exclusivos de las entidades privadas, sino también de las entidades públicas, quiénes tienen su propia normatividad y regulación para combatir la corrupción con motivo de la gestión o servicio público.
Siendo así, el Poder Ejecutivo Federal mexicano cuenta con la Secretaría de la Función Pública como responsable de su control interno y competente para corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, específicamente para investigar y substanciar faltas administrativas graves, y presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República denuncias penales por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.
Importante es que la Secretaría de la Función Pública también es competente para orientar a las personas físicas y jurídicas que participen en contrataciones públicas, así como a las Cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyen la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita, a dichas personas, asegurar el desarrollo de una cultura ética organizacional, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estos esfuerzos van más allá de solo adquirir un código de conducta y socializarlo entre todos los miembros de la organización. El objetivo es promover una cultura de integridad empresarial en el sector privado y productivo nacional. Sin embargo, es lamentable que el Acuerdo no incorpora el término “efectiva”. Es decir, en dicho instrumento normativo no se condiciona a que la Política de Integridad Empresarial sea efectiva.
Política de integridad empresarial
Dicho Acuerdo sí contempla los lineamientos para obtener el Distintivo de Integridad Empresarial y quedar registrado en el Padrón correspondiente por contar con una política de integridad. Esta Política de Integridad Empresarial es el conjunto de principios, directrices, normas y actividades que establecen las empresas con el propósito de fomentar la integridad en su operación y prevenir riesgos de corrupción.
De igual forma, se contempla una plataforma o sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública a través del cual se realizará el trámite para el registro en el padrón (constancia digital del registro) y otorgamiento del Distintivo. Evidentemente debería haber interés de las empresas por inscribirse en este padrón. Asumimos que próximamente el gobierno federal pudiera condicionar legalmente a las empresas que desean llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios con el sector público a registrase en el padrón y mantenerse renovados ahí.
Requisitos
Entre los requisitos que deberán anexar las empresas a la solicitud están el acta constitutiva, la cédula de identificación fiscal, el Registro Patronal ante el IMSS, comprobante de domicilio fiscal, identificación oficial del representante legal y documento que acredite dicha representación, la relacionada con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS, SAT e Infonavit), manual de organización y procedimientos internos, código de conducta, sistemas de control, vigilancia y auditoría, sistemas de denuncia, sistemas de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos y sistemas que garanticen la transparencia.
Las empresas registradas tendrán diversas obligaciones, entre otras, actualizar sus requisitos durante el mes de octubre de cada año, informar de cualquier cambio en el contenido de sus anexos presentados e informar el inicio y cierre de cualquier investigación por hechos o actos posiblemente constitutivos de delito o de falta administrativa instaurada en su contra.
¿Ventajas y conveniencia?
El Distintivo es un reconocimiento otorgado por la Secretaría de la Función Pública a las empresas registradas en el padrón que acrediten que su Política de Integridad cumple con todos los elementos señalados en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por lo tanto, dicho Distintivo, el cual tendrá una vigencia de cuatro años a partir de que fue obtenido, tiene por objeto resaltar el compromiso de las empresas para prevenir la corrupción en su interacción con el sector empresarial y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Esperemos que este Distintivo, con el paso del tiempo, se mantenga como tal y no se convierta en picaporte de simulaciones, ni genere complicidades para su indebida “comercialización”. Damos un voto de confianza a la función pública pues el objetivo también es que las políticas de integridad sean efectivas, verificables, evaluables y objetivamente demostrativas de la cultura de ética y de legalidad organizacional.
Fuente: Forbes México – Lee aquí el artículo original
