La garantía de que Internet es un espacio seguro y confiable para comercializar, aprender, invertir, desarrollarse, divertirse o simplemente comunicarse con otros es una condición necesaria para el crecimiento de México. La confianza es factor esencial para que usuarios y consumidores de la red puedan concretar cualquier actividad digital.
Hoy se cuestiona si el gobierno federal, con la Estrategia Digital Nacional —recientemente anunciada por Alejandra Lagunes, coordinadora de la iniciativa—, podrá cumplir sus objetivos generales de ordenar, sistematizar y coordinar la política de digitalización de nuestro país a través de cinco habilitadores: conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos.
Son muchas y muy variadas las razones que pondrán a prueba la seguridad de los intercambios y las operaciones en Internet: la comisión de delitos cibernéticos o informáticos, propagación de virus informáticos, ataques de piratas o de terroristas cibernéticos, violación de derechos de propiedad intelectual, usurpación de marcas y de perfiles, ocupación indebida de direcciones electrónicas, intercepción ilegal de comunicaciones electrónicas, proliferación de contenido ilícito, amenazas a la intimidad personal, etcétera. El Estado se encuentra obligado a crear un entorno seguro en el proceso de digitalización, porque cada vez es más indispensable solucionar problemas a escala mundial, en la medida en que las incertidumbres a esos desafíos constituyen verdaderos obstáculos para el desarrollo nacional, agravados por la pobreza y la deficiente educación de la mayoría de los mexicanos.
No está claro si tal estrategia digital reforzará la coordinación internacional para hacer frente a los problemas materiales y jurídicos de Internet, pues no se trata sólo de establecer una nueva autoridad vigilante o regulatoria ni de expedir legislaciones avanzadas, sino de tratar de consolidar un pacto orientado hacia el futuro, con el fin de contar con enfoques comunes para enfrentar los problemas y desarrollar un sistema de coordinación para que los intereses del sector público y privado estén debidamente representados. La meta es garantizar la funcionalidad y la efectividad de la digitalización.
Coincidimos con las ideas de María Luisa Fernández Esteban, quien asegura que en la economía de Internet y de las nuevas tecnologías se impone el pragmatismo y la corregulación para compartir la responsabilidad entre el operador público y los actores privados.
La Estrategia Digital Nacional deberá también mantener una visión integral que permita, al mismo tiempo, proteger intereses constitucionales y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, respetando la libre competencia y alentando el surgimiento de nuevos mercados.
Es momento de que los mexicanos, principalmente los más desfavorecidos, se beneficien de las telecomunicaciones, medios de comunicación y Tecnologías de la Información. Incluso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras Saldívar, enfrenta enormes retos para dar integralidad y regular a los sectores audiovisuales, de telecomunicaciones e informáticos, en favor de la gente.
Internet y seguridad
En el terreno legal, muchos trámites, juicios y procedimientos jurídicos serán tramitados en línea en un futuro. Pero aún falta mucha cultura jurídica digital y deben sentarse las bases para inculcarla. Incluso, el cibercrimen se avizora como una de las mayores actividades criminales a nivel mundial y México no cuenta con una estrategia de seguridad nacional digital.
