Vaya paradoja. Por una parte, la democracia mexicana, pese a sus terribles imperfecciones, es el sistema político unánimemente reconocido como el único “moralmente aceptable”, a sabiendas de que impera una doble moral esquizofrénica. Por la otra, existen legítimas y constantes críticas a su funcionamiento por la eterna crisis, la insatisfacción generalizada y el agotamiento de sus estructuras.
Situaciones agravadas por la escasa rendición de cuentas y los deficientes resultados del Estado, cada vez más fragmentado e inmerso en multiplicidad de demandas y exigencias ante su rotundo fracaso educativo, económico y social.
Líderes políticos, empresariales, deportivos, religiosos y sociales pierden progresivamente protagonismo y esconden su enojo y frustración, anunciando supuestos avances en el progreso democrático.
En realidad, salvo honrosas excepciones, quieren tapar con un dedo la severa decadencia de la democracia representativa de nuestro sistema electoral –bautizado como moderno-, y de los partidos políticos totalmente deslegitimados.
En definitiva, están privilegiando una concepción casi exclusivamente formalista de la política, sin representación congruente en la realidad colectiva.
Surgen innumerables noticias todos los días que exaltan una efímera euforia democrática a la mexicana.
Por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para pedir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),que investigue el contexto de las declaraciones de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, las cuales podrían considerarse discriminatorias respecto a la entrega de programas sociales en comunidades indígenas; el supuesto acoso sexual cometido por Ricardo La Volpe, ex director técnico del Club de Fútbol Chivas, en agravio de una podóloga; la presunta red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI en el Distrito Federal; los escándalos de Nelson Toledo, hermano del jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, por presuntamente cobrar “moche” a empleados, y la inobjetable confirmación de la Cepal de que en 37 años los trabajadores mexicanos han sufrido la disminución del poder de compra y para recuperar su poder adquisitivo, el salario mínimo actual tendría que aumentar 3.62 veces, es decir, en lugar de percibir actualmente 64.76 pesos diarios en la zona A, su salario debería ser de 234.43 pesos diarios.
Todos estos casos–entre muchos otros-tienen en común instituciones disfuncionales o comportamientos reprochables de líderes o representantes, quienes pasan por alto el compromiso con lo público y desatienden su responsabilidad con lo colectivo.
EGOÍSMO VS BIEN COMÚN
Dicen por ahí que se nos ha atrofiado el músculo de la entereza; que habitamos en la pereza moral y en la total futilidad, donde es inexistente el sentido del deber y del bien común, y la vida pierde significado humano.
En este contexto, la bilateralidad entre personas carece de valor, pues cada quien “jala agua para su molino”, mientras el gobierno está más interesado en criminalizar las relaciones en lo social, que en fomentar una sana civilidad.
¿Qué mexicano asumirá un compromiso serio, más allá de solo lanzar preguntas, capaz de remover los obstáculos que neutralizan la honesta fuerza ciudadana e impiden el crecimiento y la calidad de nuestra democracia?
