El torbellino generado en México por las transformaciones estructurales comienza a disiparse. Y aunque a muchos alarmó este vendaval legislativo de 20 meses, el saldo parece positivo y la aprobación de las 11 reformas ha sido reconocida incluso en el ámbito internacional. ¿Pero ahora qué sigue? Quizá lo más fundamental es que estos cambios permeen en la gente y representen mejorías apremiantes en su calidad de vida como mexicanos.
Al tenor de lo que informará a la nación, en los últimos meses el presidente Enrique Peña Nieto ha elevado las expectativas por los nuevos ordenamientos legales, los acuerdos para potencializar la productividad y la competitividad económica, en su propósito de favorecer los derechos fundamentales a través de diversas leyes educativas, energéticas, judiciales y político-electorales.
Toda acción política implica aventurarse a futuros inciertos. Pero más allá de cualquier explicación teórica y técnica, una reforma legal sólo será genuina si logra ser aplicada acertadamente. De letras muertas ha estado históricamente llena nuestra legislación. Aun así, las expectativas generadas por el gobierno federal son grandes y muchos son los posibles escenarios nacionales. La promesa oficial es que tales reformas llegarán a la gente. Cierto, se vislumbran cambios y el país está modificando su rostro, pero no olvidemos que el derecho público no tiene por objeto proteger exclusivamente los bienes de una persona, de una familia, ni de un pequeño grupo de poderosos; por el contrario, debe proteger los bienes de todos en sociedad, incluso los bienes de la humanidad.
Considerando el interés colectivo y las obligaciones rectoras del Estado, la palabra gente provoca muy superficiales resonancias e invoca en la mente la idea de algo muy lejano, impersonal. Las reformas estructurales representan la visión del actual gobierno y serán el destino -cualquiera que éste sea- de millones de mexicanos. En ese contexto atestiguaremos inéditas y poderosas relaciones público-privadas en el sector energético, de comunicaciones, de competencia, para intentar mejorar productos y servicios y para fortalecer la economía formal; aunque también veremos privilegios sindicales, economía informal tolerada y escasa rendición de cuentas.
Llegó la hora de la implementación efectiva por parte de los servidores públicos involucrados, quienes tienen nombre y apellido y deberán transparentar una “atmósfera” anticorrupción. ¿Quién o qué organismos controlarán y vigilarán su buen desempeño? Los mexicanos de carne y hueso no desean seguir cosechando frutos de árboles envenenados.
CIUDADES APLICADAS Y REPROBADAS
Con mucha expectativa, el país espera la cita fijada para el próximo martes 9 de septiembre, cuando será presentado el Índice de Competitividad Urbana 2014 por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que ya tiene listo su informe: “¿Quién manda aquí? La gobernanza de las ciudades y el territorio en México”.
El estudio analiza y compara aproximadamente 80 centros urbanos y reviste gran importancia, pues las ciudades, a pesar de que conceptualmente ni siquiera están mencionadas en la Constitución, son las que marcan los ritmos de nuestra nación. Veamos si alguna supera, o al menos iguala, a Monterrey, la campeona en competitividad de la pasada edición.
