Se ha construido la imagen de un México ficticio, advierte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al atravesar el país por una profunda crisis en materia de derechos humanos. La lista de casos, encabezada por Iguala y Tlatlaya, refleja terribles violaciones a derechos fundamentales, a tal grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que México vive una crisis humanitaria.
Más allá de clausuras simbólicas de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y mientras el país se convulsiona, es esta Comisión la que ha optado por una actitud tímida y omisa, inversamente proporcional a su responsabilidad pública y moral. El diagnóstico es la injustificable falta de voluntad, mas no la falta de dinero. Para el 2014, el presupuesto de este organismo nacional superó los 1,416 millones de pesos, 35% más de lo otorgado al inicio de la gestión del actual presidente Raúl Plascencia.
Ese monto es similar a lo asignado a la Secretaría de la Función Pública, mayor al autorizado para todos los tribunales agrarios del país y casi cinco veces más de lo adjudicado al Instituto Federal de Competencia Económica para el mismo periodo. Sin embargo, 72% del gasto para la defensa de los derechos humanos se va en remuneraciones y prestaciones de su personal. La conclusión: el dinero no genera eficiencia.
Organizaciones sociales acusan que se han emitido recomendaciones tardías, superficiales, escasas e insuficientes. Incluso, la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, reclamó a Plascencia -quien quería reelegirse-, que este año la CNDH únicamente ha emitido 41 recomendaciones, lo que significa que cada recomendación ha costado más de 54 millones de pesos.
Desde su creación hace 15 años, la CNDH tiene poco que festejar. La crisis es inédita y sus retos, urgentes, agravados por el desgastante y politizado proceso de relevo. Por ello resulta trascendente la nominación del nuevo presidente, sabedores que los ciudadanos están muy atentos a verificar si Mauricio Farah, Luis Raúl González Pérez, Carlos Pérez Vázquez, Ricardo Bucio, Patricia Olamendi y otros podrán rescatar a la Comisión, detectar sus fallas estructurales, promover controles de la sociedad civil, del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación, y convertirla, de una vez por todas, en verdadera defensora de los derechos humanos.
La terrible realidad mexicana contrasta con la letra muerta del Artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; en consecuencia, obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a tales derechos.
OTRA CRISIS
Ante la falta de transparencia y la deficiente información pública en materia migratoria en México, defensores de migrantes crearon una plataforma para sistematizar la información de las solicitudes sobre acciones migratorias que, dicho sea de paso, exhibe la actuación del Instituto Nacional de Migración a cargo del comisionado Ardelio Vargas y de otras 59 dependencias federales. El portal migracionytransparencia.org evidencia que, en al menos 27 de las 186 peticiones conocidas, la respuesta del gobierno fue incompleta.
