La sabiduría popular advierte: “Más vale prevenir que lamentar”; pero los mexicanos preferimos esperar a que las graves situaciones nos rebasen para empezar a preocuparnos. Ocurre en muchos ámbitos nacionales, aunque en ninguno las consecuencias son tan dolorosas como en el caso de la implacable delincuencia.
Ante una de las peores crisis de la historia reciente, todos coinciden en que las políticas públicas en materia de prevención del delito son un fracaso. Algo similar a los desastrosos resultados de Felipe Calderón cuando desplegó a miles de militares y policías federales en el país, con el penoso saldo de decenas de miles de muertos (unos hablan de 70,000 y otros de más de 100,000). Según el Centro de Análisis México Evalúa, entre el 2007 y el 2010 la violencia en México aumentó más que en cualquier otro lugar del mundo.
Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que su estrategia seguiría otro rumbo. En su primer discurso indicó que el delito no sólo se combate con la fuerza y destacó la urgencia de reconstruir el tejido social. Al año siguiente creó el denominado Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), anunciando grandes expectativas para la atención a adicciones, apoyo a comunidades vulnerables, inclusión social y generación de empleos; pero hasta hoy sólo se perciben escasísimos avances. El secuestro y las desapariciones forzadas tienen al país congelado, dejando apenas ver la punta del iceberg.
Según México Evalúa, el PNPSVD está basado en una metodología opaca y un diagnóstico débil, por lo que de muy poco servirán los 2,500 millones de pesos asignados para supuestamente prevenir el delito. Se critica al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa que el plan oficial de prevención sólo queda en buenas intenciones.
En el mismo tono, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, considera que las acciones encabezadas por Campa han fracasado y no han podido rescatar a los municipios con mayor incidencia delictiva.
En conclusión, no se ha encontrado la forma de hacer de la prevención una realidad, pese a la urgencia de atender las causas de la delincuencia como factores de riesgo en el individuo, la familia, los espacios públicos y la comunidad, para evitar que se traduzcan en actos criminales. Resulta sumamente complicado vacunar, cuando se prefiere lidiar con las terribles enfermedades.
REGALO ADELANTADO
Aún no es Día de Reyes, pero los menores de edad ya recibieron dos regalos anticipados. El presidente promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los diputados aprobaron la armonización de la Ley Federal del Trabajo con las recientes reformas constitucionales que establecen la edad de 15 años como mínima para trabajar y la prohibición de contratar a menores de edad en actividades riesgosas.
Bienvenido todo esfuerzo para alejar a la infancia de la explotación y del abuso. Sólo con leyes para su bien podremos garantizar un mejor desarrollo para las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos.
