Quien piense que el lavado de dinero y la defraudación fiscal son temas de moda o desafíos recientes derivados de la degradación moral y ética de nuestros tiempos, está muy lejos de la verdad. Desde las épocas de la antigua civilización egipcia y griega existen sistemas de recaudación que establecían sanciones contra los evasores. En aquella época podían ir a la cárcel o ser vendidos como esclavos, entre otros castigos. En la Edad Media, muchos comerciantes ideaban mecanismos para dar apariencia legítima a las ganancias ilícitas que obtenían principalmente mediante la usura, siendo quizá los pioneros de lo que hoy conocemos como blanqueo de capitales.
A lo largo de la historia, las mañas de ocultar fortunas mal habidas y de evitar dolosamente el pago de impuestos han adoptado miles de formas en todos los rincones del planeta, representando signos de pandemia con gravísimas secuelas económicas y sociales. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que el lavado de dinero representa entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto mundial. Las cifras alcanzan billones de dólares, y muchos afirman que México se ha convertido en uno de los oasis de la criminalidad fiscal y financiera.
Tales prácticas delictivas adquieren cada vez más sofisticación y perfeccionamiento. Sin llegar a catalogarlas como misión imposible, es innegable que su investigación y persecución exige altísimos grados de inteligencia, conocimiento, experiencia, creatividad y, sobre todo, eficiente coordinación institucional. Pero la realidad evidencia enormes grietas por la falta de instituciones sólidas y la escasez de mujeres y hombres capaces, honorables y comprometidos con la procuración y administración de justicia.
Por ello es importante destacar la decisión de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, de integrar a su equipo de trabajo a personas que han trabajado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el pasado. Nombró a Sergio Antonio Martínez Escalante, para dirigir la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a Benjamín Orozco Manjarrez, para dirigir la de Delitos Fiscales y Financieros. Estos dos fiscales conocen los movimientos erráticos de los dineros y tienen en común haber sido experimentados funcionarios del SAT. El primero, como subadministrador de evaluación, y el segundo, como administrador central de asuntos penales.
De la actual PGR mucho se espera. La procuradora sabe que la percepción, experiencia y eficiente coordinación con las autoridades hacendarias son esenciales para ganar votos de confianza ante la grave crisis de credibilidad que padece el ministerio público federal, la complejidad social y la dificultad para combatir y sancionar a los delincuentes de cuello blanco.
AHORA O NUNCA
En estos momentos cuando se anuncian golpes mortales contra la corrupción, resulta prioritario que nuestro país erradique el lavado de dinero y la evasión fiscal. La estrategia persecutora debe ser integral, pero congruente con una sana legislación fiscal y financiera que respete los derechos fundamentales de los acusados de presunción de inocencia, debido proceso y defensa adecuada. La operación se denomina “futuro de México” y no admite márgenes de error.
