Hay muchas razones de peso por las que el cambio de estafeta en uno de los principales organismos del sector privado de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llama la atención. El rol de este gremio empresarial para el rescate y rediseño del país, aparentemente reformado y en vías de desarrollo, es crucial.
Para la gobernanza a la que aspiramos, los actores sociales cuentan y cada uno tiene en su mano una semilla —o muchas— de la que puede germinar vida institucional; sin embargo, no podemos ignorar la enorme parcela que corresponde a los empresarios, patrones y emprendedores de los proyectos nacionales. Ahí están las reformas energética, de telecomunicaciones, de transparencia, laboral, fiscal, financiera, penal, de seguridad pública y anticorrupción, amén de proyectos inéditos donde afianzar la participación empresarial es imprescindible, así como la creación de Zonas Económicas Especiales y las asociaciones público-privadas que buscan fomentar entornos de desarrollo excepcionales para atraer inversiones y generar empleos de calidad en regiones económica y socialmente castigadas.
El sector privado no tiene tiempo para descansos ni dilaciones. Ese debe haber sido el primer pensamiento de Juan Pablo Castañón, ex titular de la Coparmex, al tomar el timón del CCE; aunque también deben haber pasado por su mente los tantos pendientes heredados por Gerardo Gutiérrez Candiani quien, en su mensaje de despedida, reconoció que los empresarios no pueden limitarse a ser testigos ante los grandes desafíos y oportunidades del país, sino que están llamados a convertirse en protagonistas de la vida nacional. Cierto es que se han alcanzado logros en la construcción de acuerdos y propuestas para la agenda empresarial, pero el enfoque ahora debe apuntar, eficazmente, en la violencia, inseguridad y rampante corrupción a nivel nacional.
Además de seguir participando activamente en asuntos nacionales, el CCE tomará banderas muy específicas en favor de los intereses de sus agremiados que, pese a su trascendencia, aún no han podido ser izadas. Por ejemplo, las reformas legales en materia de responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas, las cuales serán responsables penalmente de los delitos cuando sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho; o cuando éstos realicen un delito por no haberse ejercido sobre ellos el debido control organizacional que debía atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta delictiva se cometa con motivo de actividades sociales. No hablamos solamente de delitos fiscales o lavado de dinero, sino de extorsiones, fraudes, piratería, delitos ambientales, acoso sexual y muchos otros más.
PENDIENTE INEXPLICABLE
A pesar de que el Estado Mexicano adquirió el compromiso internacional de legislar en materia de responsabilidad de personas jurídicas, el Senado no ha adoptado las medidas legislativas ni ha avanzado en torno a las iniciativas presentadas, entre otras, por el senador del PRI, Arturo Zamora Jiménez, hoy vicepresidente de la Cámara. ¿No sería ésta una tribuna inmejorable para impulsar ese aplazado proyecto? Una sana práctica política es terminar bien lo que uno bien inicia.
