En el paraíso de Tulum, otrora ciudad amurallada de los mayas, su maravilloso mar turquesa y enigmáticas ruinas del lugar dominan el horizonte. Pero el panorama no es el mismo a unos metros de la playa de este inigualable pueblo mágico, amenazado hoy por huracanes de corruptelas, graves cuestionamientos e irregularidades.
El 17 de junio pasado, la zona costera de Tulum fue invadida por un grupo de choque integrado por cientos de “guardias de seguridad” (al menos eso decían las playeras que llevaban puestas) acompañados por policías locales y del estado de Quintana Roo. Con palos, piedras, armas y gases lacrimógenos, la horda desalojó a residentes, empleados y turistas de 16 hoteles y tres predios, al más puro estilo de un filme del viejo oeste sin ley, donde sólo el más fuerte domina.
El cuestionado desalojo es réplica de otros hechos previos que, según testigos y afectados, son promovidos por una red de gobernantes y particulares avalados —dicen— por el propio gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, mediante la manipulación del régimen de propiedad y derechos laborales e, incluso, el uso de títulos de propiedad falsificados o simulados.
Grupos de empresarios, entre ellos los hermanos Schiavon Magaña y Garza Ponce de Nuevo León, demandaron a los hoteleros por presuntos adeudos de rentas. La irrupción reciente obedece a una orden dictada por el juez Gustavo Efraín Chan del municipio de Solidaridad. Sin embargo, los inversionistas y ejidatarios afectados por el desalojo en la zona de Punta Piedra aseguran que no hubo notificación previa ni presentación de orden de desalojo y que los protocolos de actuación oficial no estuvieron apegados a la ley.
Lo que aquí sorprende es la total inseguridad e incertidumbre jurídica, esa que promueve la impunidad que tiene a México desgastado y fallido. Si el gobierno del estado fue omiso en los hechos de Tulum, terrible; y si participó en ellos, mucho peor.
Los ejidatarios afectados, quienes aseguran tener los certificados parcelarios respectivos, ya pidieron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador electo Carlos Joaquín González, mientras que los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos, países de origen de muchos de los desalojados, reclamaron una investigación seria de estos hechos a través de una carta enviada a Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores y ex secretaria de Turismo. Es evidente y notoria la relevancia internacional de este caso. Los daños de tales huracanes de acusaciones en Tulum ya traspasaron las fronteras internacionales.
Corruptour para QR
Hace un par de años, la organización Vía Ciudadana propuso en Nuevo León una original combinación de turismo y denuncia. Es un camión tipo turibús, bautizado como Corruptour, que solía hacer recorridos gratuitos por los simbólicos lugares de corrupción en Monterrey y que ahora ha llegado a la CDMX, donde la ruta prevista incluye la Casa Blanca, la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro, entre otros cuestionados sitios.
Quintana Roo será observado y juzgado por su agenda anticorrupción. De seguir así este estado, al Corruptour le sobrarán escalas y Tulum será una de las obligadas.
