A punto de cumplirse ocho meses de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo México, nos cuestionamos si hemos estado a la altura de la transformación jurídica más importante del último siglo, como la llamó el presidente Enrique Peña Nieto.
Aún es temprano para opiniones concluyentes pero, después de ocho años y de una inversión de más de 21 mil millones de pesos para su implementación, se avizoran algunos indicios de que el nuevo sistema está trascendiendo el discurso, las buenas intenciones y la letra muerta de la ley. El contexto nacional es muy complicado, demandante, riesgoso y decisivo, pero esta reforma penal nos ha prometido mejoras sustanciales en la impartición de justicia, con procesos eficaces y transparentes, erradicación de la impunidad, respeto absoluto a los derechos humanos, investigaciones científicas, sanciones efectivas y reparación del daño por los delitos cometidos, entre muchas otras promesas.
En las audiencias públicas y orales ante la presencia de jueces, defensores y fiscales, el equilibrio procesal entre las partes empieza a ser una realidad, a pesar de la notoria falta de preparación de algunos y la enorme diferencia de criterios legales de las autoridades.
También es alentador, por ejemplo, que la instancia tripartita encargada de coordinar la consolidación del nuevo sistema arrancó este 2017 con ánimo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lleva la representación del Ejecutivo con Álvaro Vizcaíno al frente, impulsa diez acciones prioritarias. Es un claro testimonio de gobernanza, pues la estrategia además de contar con la participación de los tres órdenes de gobierno, es enriquecida con propuestas de diversas organizaciones civiles, expertos y académicos.
Destacan entre estas acciones: la promoción de la Justicia Alternativa, el desarrollo del Modelo Homologado Nacional de Policía en funciones de Seguridad Procesal, el fomento del Modelo de Justicia Terapéutica, el fortalecimiento de la figura de los Asesores Jurídicos de Víctimas y el impulso al Programa de Actualización y Profesionalización en el Sistema de Justicia Penal para policías, peritos, agentes del Ministerio Público, facilitadores y personal del sistema penitenciario.
Sin embargo, las tareas pendientes son muchas y los desafíos se acumulan. No será fácil sanar las heridas más dolorosas y profundas de la sociedad mexicana: impunidad, injustica y corrupción. La falta de compromiso de muchos políticos no ha permitido lograr la profesionalización general ni el combate frontal a los terribles vicios del antiguo sistema penal renuentes a morir.
La encomienda de implementación es demasiado importante como para dejarla al garete. Aún quedan por definir -y aplicar- acciones complementarias, preventivas, correctivas y de seguimiento continuo.
LO PENAL CUENTA MUCHO
El reto es derribar el terrible muro que mantiene en prisión a inocentes, deja impunes miles de delitos y provoca frustración e impotencia en las víctimas.
El 18 de junio pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar, señaló que los ojos de la sociedad y las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestos en este nuevo sistema penal. Estas palabras siguen resonando en toda la nación y México sigue en deuda con la justicia.
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