La tortura ha sido practicada desde tiempos inmemoriales. Hay evidencia de ella en todos los antiguos imperios del mundo. Sus expresiones, trasminadas a América, incluso fueron sofisticadas por la Inquisición. Tras intentos por abolirla, su retorno en el siglo XX fue bastión de regímenes comunistas, fascistas y supuestas democracias.
En México la tortura y otros tratos crueles han sido “secretos a voces” que siguen latentes -aunque evidentemente no respondan a una política de Estado-. Apenas en febrero, el relator especial sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, advirtió que estos actos siguen siendo generalizados en nuestro país.
Nadie en su sano juicio debería objetar la prohibición absoluta de la tortura y de las ejecuciones; sin embargo, hay quienes las encuentran de algún modo justificadas, al menos en casos excepcionales. Recientemente, el conductor de MVS radio, Luis Cárdenas, hacía eco de estas voces y -con acierto periodístico- pidió a los teóricos del Derecho que se bajen de la nube del deber ser, para debatir el tema en el ser de las cosas.
No extraña que estas ideas encuentren tierra fértil en un entorno de violencia exacerbada y total hartazgo ante la delincuencia imparable; tampoco sorprende que sectores de la sociedad lastimada reclamen la ley del Talión y el “ojo por ojo”, levantando argumentos jurídicos como el estado de necesidad justificante o el Derecho Penal del Enemigo.
Y aunque podría parecer ilógico, procurar por igual los derechos de todos -incluidos los criminales más peligrosos- es un criterio que tiene pleno sustento en los derechos humanos. En México, a pesar de tanta desigualdad en todos los sentidos, la ley es universal y no es admisible combatir a la ilegalidad con ilegalidad.
El prestigiado jurista alemán, Claus Roxin, en una conferencia en el INACIPE, señaló que “la superioridad del Estado frente al delincuente reside precisamente en que no utiliza los mismos medios que éste”. Enfatizó que la protección de la vida y la dignidad del individuo solo puede ser otorgada “dentro de los límites establecidos a la actuación del Estado de Derecho”.
Mientras tenemos esto presente, y a pesar del devastador contexto de máxima criminalidad, los mexicanos observamos algunas señales positivas, entre ellas la disposición que han mostrado algunas autoridades como el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, quien además de disculparse ante la sociedad, ha llamado a los soldados a no convertirse en delincuentes.
Otro indicio de esperanza es la reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta ley anuncia que los fiscales, policías o ministerios públicos que torturen podrán ser sentenciados hasta con 30 años de cárcel.
SIN PERDER RUMBO
La ira y el enojo social no puede hacernos perder el rumbo. En sociedades, como la mexicana, donde el estado de derecho es muy endeble y vulnerable ante la delincuencia descarada, no puede haber cabida ni justificación para torturas, ejecuciones o tratos crueles de las autoridades. Mucha razón tenía Mahatma Gandhi al afirmar que: “ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria”.
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