Hace apenas un año se anunciaba la entrada en vigor de una reforma penal de grandes vuelos, la transformación más profunda del Derecho penal mexicano en su historia. Prometía mucho -y lo sigue haciendo-, pero como ocurre con todo mega proyecto que pone en marcha el gobierno, están saliendo a la luz aspectos perfectibles, algunos de urgente resolución, pues la justicia en México ya no puede seguir siendo cosmética.
Con motivo de este primer aniversario, el ministro Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, enfatizó que los integrantes del Poder Judicial son responsables de transformar la impunidad y la ineficiencia de la justicia penal. Sí, no hay duda de que jueces, magistrados y ministros son protagonistas de ese cambio, pero también es cierto que en una república federativa como México, semejante reto no puede reposar en uno solo de los Poderes de la Unión.
El Poder Legislativo también está llamado a revisar permanentemente dicha reforma para ajustar y armonizar todas las leyes del sistema de justicia penal acusatorio y oral basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que esperemos que María Guadalupe Murguía y Pablo Escudero, presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, adopten muy pronto las acciones necesarias, que hasta ahora no se han visto en el Congreso, para resolver y corregir tal legislación para el beneficio de los habitantes del país.
Por otro lado, existen los Poderes Ejecutivos que parecen estar totalmente rebasados por el fenómeno de la criminalidad rampante e imparable. En su discurso, el ministro Aguilar aludió a la incapacidad de los ejecutivos (gobernadores y fiscales) para preparar eficazmente a ministerios públicos y policías. Cierto, pero a pesar de que los retos son enormes y demasiados, merece atención el esfuerzo que está realizando el titular de la PGR, Raúl Cervantes, para transformar esa gigantesca institución. Recientemente la PGR dio a conocer un documento en el que destaca los desafíos para fortalecer las capacidades de investigación y litigación, así como para aumentar la confianza ciudadana en las instancias de procuración de justicia, consiente de la necesidad orgánica y funcional de la inminente creación de la Fiscalía General de la Nación; institución que soportará las más grandes expectativas.
Consolidar una cultura de buenos hábitos y mejores prácticas en Derecho penal requerirá muchos años de esfuerzos honestos e inteligentes, pues el contexto de la república mexicana es muy vulnerable. Tal consolidación deberá armonizar muchísimas normas y a toda una generación de personas heterogéneas; deberá manejar estratégicamente inmensidades de data e información, desarrollar e implementar diversidad de procesos y programas, todo en aras de la casi imposible reivindicación del sistema de justicia.
PERDER A MÉXICO
Impunidad, violencia, pobreza, delincuencia y populismo, son los explosivos insumos en el panorama de la elección presidencial 2018. La actual administración gubernamental definirá innumerables dilemas: ¿continuidad o más retroceso? ¿proteger su yo individual o perder a México? ¿adoptar el populismo o consolidar avances democráticos? ¿total impunidad o aspiración de justica? Terrible reto en la recta final de este sexenio, donde la lógica parece ser el ¡sálvese quien pueda!
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