La introducción de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica ha presentado algunos inconvenientes técnicos, procesales y doctrinales en modelos de imputación tradicionalmente diseñados de manera exclusiva para personas físicas.
A las limitaciones de la redacción y descripción de los textos legales, la jurisprudencia ha respondido en algunas ocasiones, como la española, ofreciendo criterios interpretativos necesarios para comprender el modelo de imputación y los derechos procesales de las personas jurídicas involucradas en un procedimiento penal.
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