En el contexto de la reforma política y un derecho penal fallido, cobra fuerza en el Senado de la República la intención de convertir a la Procuraduría General de la República (PGR) en un organismo con autonomía de gestión, con el fin de que el Ministerio Público procure justicia a través de investigaciones científicas e imparciales de los delitos, pero distinguiendo su función persecutoria, a su vez, de su representación social.
Aunque la propuesta también proviene del PAN -el instituto político que más ha pervertido y politizado la actuación de la PGR en la última década-, la iniciativa es bien vista por el PRI y el PRD, porque si algo requiere México es garantizar el arribo de ese -todavía muy lejano- Estado de Derecho e imprimir transparencia a la procuración de justicia.
Recientes casos desnudaron la crisis institucional de la PGR, al grado de que el procurador Jesús Murillo Karam reconoce la necesidad urgente de reestructurarla ante el distanciamiento -cada vez más lamentable- entre quienes deben aplicar la ley y los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la propuesta de autonomía constitucional de la PGR pone a prueba la madurez de los operadores políticos y la eficacia del desesperado proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, cuya vigencia iniciará a escala nacional en junio del 2016, con el apoyo de la Secretaría Técnica.
Pero tal autonomía no resultará sencilla, pues su discernimiento y desmenuzamiento tiene diversas y complejas aristas, no sólo legales, sino esencialmente humanas, resultado de la política a la mexicana.
Especialistas advierten peligros al darle amplia autonomía a la PGR, por sus hoy limitadas capacidades, su cuestionado profesionalismo y la contaminación perversa de muchos de sus elementos. El uso faccioso que los dos últimos gobiernos de la Federación le dieron para ajustes políticos y manipulación institucional representa un grave retroceso. Hay voces que exigen la reforma política para mejorar la procuración de justicia, pero condicionada a una inmediata depuración a fondo de la institución.
Al parecer, PRI, PAN y PRD se alinean para reformar el Artículo 102 de la Constitución federal y modificar la operación del Ministerio Publico, evitando su subordinación a los poderes de la Unión. Se pretende denominarla Fiscalía General de la Federación o de Estado, cambio que entraría en vigor hasta el próximo sexenio, en el 2018.
Despolitización madura
Estos cambios a la PGR tienen como objetivo despolitizar las facultades y atribuciones del Procurador, para que no siga siendo rehén de intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole. Pero una verdadera transformación del Ministerio Público deberá incluir, necesariamente, todas las procuradurías estatales del país, por congruencia constitucional y política.
Autonomía de la PGR significará dignificar y fortalecer la capacidad de gestión y de maniobra del Ministerio Público, para independizar sus decisiones esencialmente del Poder Ejecutivo, y alejarse también de las presiones de los poderes fácticos, en el contexto de la muy cacaraqueada, pero nada concretada, política anticorrupción nacional. ¿Podrá la PGR atender la conciencia social de gobernar para el bien de todos?
