Un paso clave para impulsar la justicia penal en México y tratar de frenar la terrible impunidad es la aprobación, ahora en la Cámara de Diputados, del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Su objetivo es homologar los procedimientos en los 31 estados y en la ciudad de México -que esperamos se transforme pronto en el estado 32-, para que con motivo del sistema penal acusatorio y oral se realice una investigación científica, procesamiento justo y sanción efectiva de los delitos locales y federales cometidos en el territorio nacional; asimismo, para esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño ocasionado a las víctimas, respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Este nuevo Código es un instrumento legal que, si se aplica debidamente, brindará transparencia, prontitud, seguridad y certeza jurídica en la solución de controversias.
La sociedad está harta de que se violen impunemente derechos de acusados y víctimas. Es tiempo de enfocarnos en las necesidades para la correcta implementación de esta legislación, cuyo camino -en la práctica- será largo y pesado, lleno de desacuerdos, retrasos, desavenencias, diferentes métodos de trabajo, malentendidos y tensiones de todo tipo.
La adaptación y ajustes dentro del entorno cambiante, al final del camino, estará a cargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes interpretarán las leyes para garantizar orden y control constitucional en los casos penales por venir.
La capacitación oportuna y de buena calidad es lo que generará madurez en las personas que operarán dicha implementación. Nos referimos a la capacitación de policías, ministerios públicos, jueces, peritos y abogados.
De todos esos operadores del nuevo sistema de justicia penal, quienes deberán desarrollar habilidades para conocer su rol y aceptar su responsabilidad en el procedimiento penal y, en función de sus experiencias, adquirir confianza en sí mismos y de la que depositen en ellos los propios acusados y víctimas.
Tomemos en serio el derecho
Las leyes por sí solas no cambian ni mejoran la realidad. Se necesita de la voluntad humana y de la fuerza organizada del Estado para lograr un orden social justo. Si el Estado mexicano no asume un liderazgo-coordinador, donde sus políticos y servidores públicos prediquen con el ejemplo de respetar y hacer respetar las leyes, seguirá imperando la ley de la selva.
Coincidimos con el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, quien recientemente indicó que en México nunca nos hemos tomado en serio el derecho; no se llevan a cabo los pasos necesarios para que el derecho sea un sistema de ordenación social y, paradójicamente, es una sociedad que tiene más de 2,000 escuelas de derecho, pero la justicia se ejerce con propia mano.
Llegó la hora de tomar en serio el derecho y dar los pasos necesarios para que sea ordenación social. El Código Nacional de Procedimientos Penales debe difundirse, capacitarse y arraigarse en la sociedad mexicana. El tiempo apremia.
