La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Raúl Plascencia Villanueva, interpuso una importante controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ombudsman nacional busca frenar lo que considera “graves retrocesos” en materia de garantías individuales y derechos humanos contenidos en 13 artículos del recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además de anticonstitucionales, la CNDH argumenta que algunas nuevas normas penales violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el Estado mexicano.
Nadie cuestiona la urgente necesidad de aplicar debidamente el Código Nacional de Procedimientos Penales como instrumento jurídico indispensable para homologar y mejorar el sistema de justicia penal en el país. Lo cuestionable es caer en retrocesos legales que permitan a las autoridades volver a viejas prácticas de abusos y desvíos del poder público.
La CNDH alega que el nuevo Código Nacional, aprobado por los legisladores federales, autoriza a cualquier policía para realizar revisiones voluntarias o forzadas a las personas y a sus pertenencias, sin mediar la autorización de un juez. Enfatiza que esta práctica podría generar abusos y violaciones de derechos en agravio de los ciudadanos.
Otro tema, entre otros, que preocupa a la CNDH es que el Ministerio Público (MP) podrá dictar aseguramientos domiciliarios como medida cautelar, en cualquier tipo de delito y sin límite de tiempo, una especie de arraigo indefinido en perjuicio de la libertad de tránsito de las personas.
Otro punto, materia de la controversia, es la geolocalización o solicitud de datos personales, hecha por cualquier autoridad, para que las empresas de telecomunicaciones proporcionen información sin importar el tipo de delito.
Asimismo, preocupa la facultad del MP para congelar cuentas bancarias y bienes personales sin mediar orden de un juez.
Tal y como están redactadas algunas disposiciones del Código Nacional, pareciera que la presunción de inocencia se convierte en presunción de culpabilidad en perjuicio del debido proceso.
Veremos si el ombudsman es capaz de defender los derechos humanos y dar un verdadero impulso a la cultura de respeto a la dignidad y a la legalidad.
Recordemos que la CNDH es el organismo más especializado en México en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, la SCJN, encabezada por el ministro presidente Juan Silva Meza, será muy cuidadosa y sensible al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con el fin de que prevalezca el tan anhelado Estado de Derecho, sabedora de que los derechos fundamentales no son una moda, sino una forma de vida con responsabilidad social compartida.
Reforma política, ahora o nunca
Parece inminente que el Senado de la República decida sobre la iniciativa de reforma política para el Distrito Federal, a escasos 15 días de que culmine el periodo ordinario de sesiones legislativas.
Su debida aprobación podrá anotarle un triunfo a la población de la ciudad de México, que por fin tendrá autonomía plena en temas como deuda pública y nombramientos en áreas estratégicas como seguridad pública y procuración de justicia.
