Hace 23 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, creando un referente histórico en el mundo. Esta decisión ha contribuido a cambiar, aunque lentamente, el enfoque de la inclusión social de ciertos grupos, quienes exigen el ejercicio de la libre elección de su preferencia sexual o identidad de género.
Este tema deliberativo ha estado lleno de obstáculos, ya que en 80 países todavía hoy se criminaliza y rechaza jurídica y socialmente la homosexualidad.Sin embargo, avanzan las naciones que privilegian el reconocimiento al derecho de elección de los individuos.
En México, fue hasta el 2010 cuando se publicó el decreto por el que se declara al 17 de mayo como el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias en memoria de la referida histórica decisión de la OMS en 1990.
Diversas organizaciones internacionales y activistas, defensores de la libertad de elección, han sufrido constantes reveses en su lucha por la inclusión.
Estas situaciones se hacen constar con amplitud en informes y análisis de distinto alcance, documentando violaciones a los derechos humanos como resultado de la exclusión, marginación, discriminación, estigma y prejuicios relacionados con la orientación sexual de las personas. Este contexto retrógrada provocó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas discutiera y aprobara en el 2007, los llamados Principios de Yogyakarta (Indonesia), sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, precisamente por el nivel de deterioro en la materia y la necesidad de tomar acciones inmediatas en los países miembros del organismo mundial. La inclusión social requiere de la voluntad política de los gobiernos e impulsar cambios profundos en las prácticas sociales para propiciar el reconocimiento pleno de los derechos de las minorías.
Esta postura marca diametrales diferencias aun en el nivel nacional. Un claro ejemplo de estilo progresista, comparado con otras entidades, es el reconocimiento y respeto en la ciudad de México a la elección individual de la preferencia sexual.
La decisión se tomó tras un largo periodo de controversias y tensiones en pro y en contra de la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. La voluntad popular, expresada por conducto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, decidió su inclusión en el Código Civil desde marzo del 2010.
Esto ubica hoy a la capital del país como una ciudad de vanguardia a nivel nacional e internacional. Estar o no de acuerdo resulta irrelevante.
Política social incluyente
La realidad social se impone y, poco a poco, en la vida cotidiana de sus habitantes, la inclusión adquiere carta de ciudadanía.
Nuestra Constitución prohíbe toda discriminación motivada por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, pues reconoce a las preferencias como derechos y libertades de las personas. México aspira a prácticas democráticas.
El fomentar la educación y la cultura del respeto a los derechos humanos evitará discriminaciones y delitos vinculados a la intolerancia y al odio.
Por: Carlos Requena
Fuente: El Economista
Fecha: 26 de mayo de 2013
