El objetivo de evitar que las personas jurídicas evadan su responsabilidad penal llevó al Senado a aprobar disposiciones en el (CNPP).
¿Son personas de verdad las personas jurídicas o morales? Desde la óptica del Derecho, definitivamente sí. Tienen personalidad y patrimonio propio, conforman proyectos, crean, producen, ganan y gastan dinero, pagan impuestos, tienen metas, objetivos, visiones, derechos fundamentales, pero también cometen delitos. Y cuando delinquen, tal como lo hacen las personas físicas, con frecuencia evaden su responsabilidad, lo que hasta hace poco, al menos en materia penal, conseguían con cierta facilidad a través de “chivos expiatorios” o de estrategias escurridizas como la liquidación o disolución de la sociedad para crear una nueva, con el mismo objeto social, los mismos socios y las mismas intenciones de delinquir.
El objetivo de evitar que las personas jurídicas evadan su responsabilidad penal llevó al Senado a aprobar disposiciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), siendo México el segundo país (después de Chile) que lo hace en Latinoamérica. La decisión de trascender el ámbito puramente administrativo para alcanzar el penal pretende que las empresas enfrenten sanciones y consecuencias jurídicas por los actos u omisiones cometidos a su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, o mediante los medios que ellas proporcionen, independientemente de las acciones penales atribuidas a las personas físicas involucradas como representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho.
La responsabilidad penal en el seno de una persona jurídica o moral es un paso muy importante que entraña serios desafíos. Uno es el riesgo de que la aplicación penal no sea proporcional en todo el país, a pesar del procedimiento uniforme, porque la regulación sustantiva compete a cada estado de la República y su aplicación a capricho generará problemas terribles en los sectores productivos. Por ejemplo, en el Distrito Federal esta materia es confusa y contradictoria con el CNPP. Por ello, urge un código penal único nacional que garantice seguridad y certeza jurídica.
¿Qué riesgos, perjuicios o beneficios para la actividad económica traerá esta reforma? La responsabilidad penal de la empresa es una realidad, pero ¿cuáles son los requisitos, presupuestos y límites para ello? El derecho penal mexicano no ha logrado erradicar la impunidad de las personas físicas y ahora pretende expandir las acusaciones contra las empresas. La criminalidad de empresa no es lo mismo que la criminalidad en la empresa.
COMPLIANCE PENAL
Este enfoque de responsabilidad penal provoca una nueva realidad para las empresas en México, obligándolas a conformar gobiernos corporativos preventivos, sea cual sea su tamaño o giro. La ley establece que la adopción de medidas de organización, prevención y control interno para detectar delitos es un atenuante para la empresa acusada, pero la omisión en este sentido dificultará su defensa. Por ello la conveniencia jurídica de adoptar las mejores prácticas corporativas; área donde mucho ayudarán instituciones como el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC), que preside Ángel Contreras.
El compliance penal, o conjunto de sistemas y programas de cumplimiento normativo interno para detectar ilícitos y evitar defectos de organización en la empresa, es fundamental para el destino penal de las pequeñas, medianas y grandes empresas, y de sus ejecutivos.
Leyes para tu Bien.
