Otro caso penal vuelve a estremecer al sistema de justicia en México, al evidenciar la fragilidad de los ciudadanos frente al aparato gubernamental —siempre inflexible—, con el pretexto del cumplimiento de la ley.
Nos referimos a la tragedia de Esperanza Reyes Aguijón, una madre soltera potosina de 45 años con instrucción escolar primaria, quien en el 2011 salió a comprar un cuaderno a una papelería para que uno de sus dos hijos hiciera la tarea. Pagó con un billete de 100 pesos que resultó falso. La encargada llamó a la policía y la joven madre fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, posteriormente, procesada por el delito federal de uso de billete falso, condenada a cinco años de prisión y encarcelada en la Colonia Penal Federal de las Islas Marías.
En marzo del 2012, integrantes del Poder Judicial de la Federación confirmaron la sentencia condenatoria de Esperanza.
Gabriel Ortiz Gómez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, conjuntamente con la Fundación Barra Mexicana AC, ha solicitado en nombre y representación de Esperanza la petición del indulto presidencial. Los detalles pueden consultarse en Internet:
https://www.change.org/es/peticiones/epn-indulto-para-esperanza-reyes.
La Constitución Mexicana concede la facultad al Presidente de la República para conceder indultos a los reos condenados por delitos competencia de los tribunales federales. El indulto supondría el perdón de la pena y la acusada seguiría siendo culpable, pero se le eximiría del cumplimiento de su condena en prisión.
Abogados y organizaciones civiles aseguran que, en el caso de Esperanza, es evidente que ella como acusada no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a una defensa adecuada, pues sufrió un estado de indefensión durante su proceso, propiciado por la actitud negligente de su defensor.
Insisten en que se le impuso una pena excesiva y desproporcionada a los hechos imputados y su condición personal. Además, Esperanza no tenía antecedentes penales ni pretendió escapar jamás.
Argumentan que fue únicamente mediante el dictamen pericial de un experto en documentoscopía, que se llegó al resultado de que dicho billete de 100 pesos, materia del juicio, era falso. Es decir, no había posibilidad alguna de que Esperanza hubiera podido advertir que se trataba de un billete falsificado.
Derecho Penal fallido
Este caso demuestra el total fracaso del sistema penal mexicano: otro presunto culpable, inocente, en prisión. ¿Seguirán los abusos de autoridad, cuestionable falta de investigación del Ministerio Público, actuaciones ilegales de la policía, violaciones graves a las formalidades del procedimiento, a la garantía de presunción de inocencia y a los derechos humanos de los acusados?
Hoy, para el Derecho, Esperanza ha sido condenada a prisión, pero para las organizaciones civiles que han revisado el caso, es víctima de los abusos y errores del sistema penal. La balanza final la dará la decisión presidencial.
Casos como éste exigen que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe, a la brevedad, el Código Nacional de Procedimientos Penales para acelerar la transición hacia un sistema de justicia acusatorio-adversarial.
De lo contrario, la prisión seguirá siendo la regla y la libertad, la excepción. Además, la figura del indulto podría experimentar desgastes innecesarios.
