Los recientes hechos de violencia protagonizados por presuntos maestros y estudiantes de Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal, en el contexto de la toma de la Rectoría de la UNAM a manos de una docena de encapuchados, alertan sobre un México donde la ley se torna letra muerta y surgen graves visos de ingobernabilidad.
Hombres y mujeres sin rostro irrumpen en instalaciones, asaltan transporte, dañan inmuebles y afectan los derechos de cientos de miles de ciudadanos.
Se organizan igual para saquear, incendiar, interrumpir vías de comunicación y delinquir, escudándose en una protesta magisterial -en el caso de Guerrero- y estudiantil -en Michoacán y la ciudad de México.
Tales hechos exteriorizan violencia, hartazgo, ira, rencor, radicalismo, intolerancia, polarización, provocación, desafío a la ley y desacato flagrante a la autoridad legalmente constituida.
Hoy, más que nunca, la enorme e histórica deuda social que el Estado mexicano acarrea frente a la pobreza, hambre, desempleo, subdesarrollo, ilegalidad e injusticia es tan evidente que obliga a cuestionar la funcionalidad de la clase política nacional ante el peligro de un estallido social.
Resulta ingenuo presumir que estos hechos de violencia sean aislados.
A las exigencias de los inconformes se sumarán liderazgos radicales, cacicazgos, intereses desestabilizadores y oportunistas. A río revuelto y cobijo de anonimato, alguien obtendrá lucro y saldrá ganando, al tiempo que se sigue estirando la liga del tejido social hasta el borde del caos y descrédito institucionales.
Lo preocupante es que una minoría, en unos cuantos días, atomizó al Estado, al más poderoso defensor de los derechos de las mayorías, y lo hizo percibir como un ente medroso, presumiblemente, para no encender la mecha ante un adversario dispuesto a todo. El resultado: arriesgar lo social, posponer el cumplimiento del Estado de Derecho y negociar la ley.
No resulta fácil ver ni comprender las causas o motivos reales de los inconformes encapuchados. Lo cierto es que pusieron al Estado contra la pared a costa de conculcar derechos de cientos de miles de personas, con el pretexto de enredar aspectos universitarios y educativos. Habrá quiénes digan que AMLO, el EZLN, Elba Esther, la delincuencia organizada o los defensores de causas sociales podrían dar alguna explicación. Hablar con la verdad.
Después de una guerra fallida en contra del narcotráfico y una operación limpieza desaseada, es necesario -por encima de cualquier especulación- que se diga la verdad a los mexicanos para conocer las aristas de la problemática social.
Aun siendo respetuosos de la llamada seguridad nacional, los hechos permiten vislumbrar, en el actual contexto, que México padece un Estado de Derecho fallido. Seguir así es inadmisible.
Recordemos que un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Genaro Góngora Pimentel, lanzó una alerta en el 2009, al señalar que, de mantenerse la tendencia de mayor inseguridad y creciente distancia entre la sociedad y el gobierno, no es necesario tener una bolita de cristal para avizorar un alto riesgo social: la paz duradera no se logra con confrontaciones ni falsos triunfalismos, remató.
Carlos Requena
El Economista
https://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/04/28/estado-derecho-fallido
