En la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl, los avances se demuestran andando. Hasta la sesión del jueves pasado, la prometedora Constitución para la Ciudad de México sumaba 64 artículos aprobados por el pleno del Constituyente. En un contexto republicano, democrático, representativo, laico y popular, la CDMX -caracterizada por su pluralismo político y participación social, continúa definiendo los principios rectores para consolidarse como megalópolis solidaria, progresista, productiva, habitable e incluyente.
En materia de libertades y derechos, “toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso…”. A esta inspiración ideológica se sumó hace unos días el aval del Constituyente para crear la Fiscalía General de Justicia para la Ciudad de México, congruente con el sistema de justicia penal -acusatorio y oral- y el sistema nacional anticorrupción.
Los constituyentes CDMX han establecido que, para la procuración de justicia, el Ministerio Público se organizará como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, concretamente en una Fiscalía que sustituirá a la PGJDF, dependencia que encabeza Rodolfo Ríos, aquella que tan bien comandó el entonces Procurador y actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
La nueva Fiscalía CDMX tendrá diversas atribuciones básicas, entre ellas, dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, proteger a víctimas y testigos, garantizar la observación de los derechos humanos, diseñar la política de persecución criminal, coordinar la policía de investigación y crear una unidad interna de combate a la corrupción y a la infiltración de la delincuencia organizada.
Esta megalópolis, con su tradición vanguardista que ha tomado la delantera nacional y mundial en temas sociales relevantes, no puede quedar rezagada en los asuntos de justicia penal ni admitir que por ineficacia, indiferencia o corrupción, la impunidad siga avanzando. Es intolerable, por ejemplo, que los ministerios públicos ejerzan la acción penal en innumerables casos, y los jueces del Tribunal Superior de Justicia dejen truncos los procedimientos por supuestas fallas o violaciones al debido proceso y deficiencias en la integración de pruebas. Los reclamos entre jueces, magistrados y ministerios públicos -por desgracia- son parte de la normalidad procesal, trayendo como consecuencia desgastes y desconfianza ciudadana.
Ciertamente, la Fiscalía General de Justicia CDMX enfrenta enormes responsabilidades pero también una magnífica oportunidad para demostrar que sí está a la altura para inaugurarse como una institución autónoma, profesional y científica. Damos votos de confianza a los encargados de tal transformación.
ORDEN SOCIAL JUSTO
La historia sigue escribiéndose en la casona de Xicoténcatl. La oportuna creación de un Consejo Judicial Ciudadano y, más recientemente, la eliminación del fuero a funcionarios y legisladores de la CDMX (artículo 72), se suman a las exigencias y voluntades comunes para encarar retos comunes. Todo aporta para la refundación del genuino pilar en el que deben apoyarse los capitalinos y los mexicanos, ese que hemos dado en llamar: Estado de Derecho.
Pero, ¿cómo fundar instituciones capaces no solo de contener esa pluralidad sino de engrandecerla, convirtiendo a sus titulares en autoridades solidarias y sedientas de impartir justicia? Recordemos que sólo conoce la justicia quien la ha concedido y vivido minuciosamente.
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