Poco antes de rendir su Primer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una disminución de los delitos federales del 20% y formalizó la creación del cuerpo de seguridad denominado Gendarmería Nacional.
Fue un mensaje contrastante con la realidad del país, marcada por la inseguridad y la violencia que no han podido ser controladas ni con miles de militares en plazas como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila.
En ese contexto, la Gendarmería Nacional esbozada cinco días atrás, no se parece nada a la prometida en octubre de 2012 por el entonces presidente electo, quien planteó la creación de un cuerpo con mando militar único para 40 o 50 mil efectivos, destinado a controlar la violencia en el país.
La propuesta se desinfló al transcurrir el primer año de gobierno. En febrero bajó a 12 mil efectivos con formación castrense, luego a 10 mil -8 mil soldados y 2 mil marinos-, hasta reducirse ahora a 5 mil agentes federales, quienes recibirán una instrucción de seis meses, e iniciarán actividades un año después de lo programado -en julio de 2014- con la décima parte de elementos proyectados.
También se dijo que el ingreso de la gendarmería retiraría al Ejército y a la Marina del combate al crimen organizado, pero la milicia seguirá en esa labor, pese a los cuestionamientos por presuntas violaciones a derechos humanos.
Ahora se explica por qué, la figura de gendarmes enfrentó resistencias de importantes organizaciones sociales como México Unido contra la Delincuencia, la cual demandaba convocar a especialistas a una discusión a fondo de la propuesta presidencial, para conocer la estrategia, si es que la había, y determinar sus alcances.
PRIORIDAD: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO
Es demasiado prematuro hablar de tendencias a la baja en materia de seguridad, hasta que no haya un comportamiento sostenido.
Ahí está Michoacán, donde pese a la presencia militar la situación empeora mientras crecen los grupos de autodefensa.
En las regiones del país donde el Ejército y la Marina han asumido tareas de seguridad al verse rebasados las policías locales, la presencia militar solo contiene parcialmente al crimen, pero no termina con el derecho de piso, la extorsión a negocios, la trata y menos con el narcotráfico.
El gobierno federal está obligado a dar resultados pronto, entre otras cosas, para evitar que los llamados cuerpos de autodefensa o policías comunitarias sigan proliferando fuera del Estado de Derecho.
El nacimiento de una nueva corporación policiaca, con todo lo gastado inútilmente en materia de seguridad en los últimos años y la evidencia probada de que más fuerza pública no garantiza mayor seguridad, obliga a transparentar la gendarmería, definir públicamente lo esperado y fijar tiempos para dar resultados.
La seguridad no puede esperar. La primera obligación del Estado es garantizar a las personas que puedan realizar sus actividades con la certeza de que su vida, su patrimonio y sus bienes jurídicos están exentos de riesgo. Lo que no ocurre hoy en todo el país.
Carlos Requena
Derecho Reservado – El Economista
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