El juicio político en México se ha convertido en herramienta de intimidación, descrédito y ataques entre la clase política nacional. Fue concebido como derecho ciudadano para exigir rendición de cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos, pero históricamente se ha quedado en el limbo.
Desde 1982, se han presentado y esfumado cientos de denuncias de juicio político. En tres décadas solo prosperó la del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, acusado de desviar millones de dólares.
Como instrumento de poder, el juicio político sirve para dar manotazos y someter. No busca la verdad: responde sólo a la lógica de la dominación, porque la élite gobernante quiere permanencia, impunidad, ser intocable y beneficiarse a sí misma.
Muchas son las denuncias y nulas las sentencias condenatorias. Es un procedimiento creado a modo para que quienes detentan el poder evadan su responsabilidad. También sirve para expulsar traidores a los intereses de la élite. En concordancia con Elisur Arteaga, el juicio político se basa en criterios estrictamente políticos. No busca la justicia ni castigar al culpable.
Cualquier ciudadano puede denunciar a servidores públicos, pero con elementos probatorios. Formulada la denuncia ciudadana, corresponderá a la Cámara de Diputados abrir el procedimiento de juicio político, actuando como órgano acusador, y a la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. Las sentencias políticas son inatacables: contra ellas no procederá recurso legal ni amparo. Este procedimiento implica intromisión del Poder Legislativo en los otros poderes, so pretexto del control democrático.
Este juicio responde a criterios de conveniencia política, según la voluntad del órgano controlador. La sanción puede ser: destitución o inhabilitación para ocupar otro cargo.
A primera vista, no tendría objeto distraer al Legislativo para juzgar responsabilidades políticas de exfuncionarios que ya no ocupan cargos públicos, pero existe una razón: siguen siendo poderosos.
El fin es determinar si el infractor es digno o no de permanecer en su cargo público y si merece o no confianza, por la gravedad de su conducta al afectar intereses públicos fundamentales o por manejar indebidamente recursos públicos.
Acusar implica enfrentarse al aparato del poder público. En un sistema de dominación como el mexicano, es inadmisible acusar a poderosos. Incluso, existe una amenaza legal: cualquier ciudadano podrá formular denuncia, pero “bajo su más estricta responsabilidad”.
CNDH al juicio político
La Cámara de Diputados recientemente aprobó una reforma en materia de derechos humanos, pendiente de aprobación por el Senado, para facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a requerir informes sobre violaciones a derechos fundamentales, comparecer a servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones y denunciarlos públicamente.
La irritación y descontento social va en aumento ante los graves abusos del poder público.
Escandalosos casos deberán ser materia de revisión de la CNDH, y el Poder Legislativo deberá transparentar públicamente los procesos y sentencias de juicio político de cara a la ciudadanía.
México tiene la oportunidad de reivindicarse, evitar su histórica doble moral y dejar de tolerar la impunidad política.
Carlos Requena
El Economista
