Uno de los atrasos más graves de la justicia mexicana es, sin duda, el uso del lenguaje en las resoluciones y sentencias judiciales. Me refiero a los vicios de muchos impartidores de “justicia”, quienes se empeñan en imprimir redacciones oscuras, confusas e incomprensibles, en lugar de emitir textos claros, sencillos y transparentes con el fin de que sean entendibles para el ciudadano común. El sentido primordial del Derecho es solucionar conflictos dando a cada parte lo suyo, para lograr un orden social justo mediante el buen manejo del idioma. Sin embargo, muchas resoluciones emitidas por especialistas en Derecho alejan la justicia de la gente al hacerla incomprensible por falta de empatía y uso incorrecto del lenguaje legal.
Incluso el jurista Ricardo León Pastor publicó hace pocos años el Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales, cuyo prólogo consigna: “La labor del sentenciador tiene mucho en común con la del escritor”, afirmación relevante porque, además de ser razonadas y justas las sentencias pronunciadas por tales especialistas, deben escribirse con un estilo encaminado a facilitar el buen decir.
Toda resolución jurídica debería ser un documento asequible intelectualmente para cualquier ciudadano. Sin embargo, este “deber ser” dista mucho de la realidad, pues muchas autoridades provocan confusiones al hacer verdaderos galimatías en detrimento de la justicia.
Lenguaje de élite
Muchos ministerios públicos, jueces y magistrados, entre otras autoridades, conforman una élite que, so pretexto del lenguaje legal, terminan discriminando a los destinatarios de las resoluciones al no explicarles -en términos sencillos- las implicaciones de sus derechos y obligaciones.
Estos vicios del sistema de procuración y administración de justicia desvirtúan el sentido de la lengua. Son deformaciones alarmantes de las que nadie escapa, nos trastocan a todos: legisladores, ministerios públicos, jueces, magistrados, peritos, policías y a abogados. La comunicación jurídica abandona su esencia y se pierde la confianza. El tema se agrava cuando una resolución jurídica no comprendida por sus destinatarios en conflicto conlleva arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad y termina dando ventajas indebidas a una de las partes por mal uso o abuso del lenguaje legal. Estas prácticas convierten a la justicia en letra muerta.
Desuso de la lengua
Uno de los privilegios de la vida humana es gozar del lenguaje para comunicarnos. La lengua nace, evoluciona, se transforma y enriquece nuestra convivencia. En consecuencia, la claridad y el entendimiento de las resoluciones legales nos humanizan.
Las procuradurías generales de Justicia, Procuraduría General de la República, Poder Judicial federal y los estatales, Congreso de la Unión y los congresos locales, así como demás autoridades de todos los niveles son corresponsables de poner buen ejemplo en sus resoluciones y sentencias. La claridad de las leyes y resoluciones es apremiante y necesaria.
El reto es enorme
Incluso, el Artículo 17 constitucional ordena: las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser “explicadas por los jueces en audiencia pública”. Veamos si las autoridades pueden acercar el Derecho a la gente para una mejor comprensión y transparencia de la justicia, haciendo del lenguaje legal un verdadero lenguaje ciudadano.
Carlos Requena
El Economista
https://eleconomista.com.mx/columnas/columna-invitada-politica/2013/03/31/lengua-no-tiene-hueso
