Varios casos han cimbrado al sistema de justicia penal mexicano bajo la misma constante: violaciones graves a los derechos humanos y deficiente procuración de justicia en las últimas administraciones federales.
Destaca la cuestionable liberación de Cassez, acusada de secuestro, exhibiendo a México como un país de aberraciones penales. Después, la liberación del extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, acusado de proteger narcotraficantes.
Asimismo, la exoneración del general Tomás Ángeles Dauahare, militar ejemplar quien fuera Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Estados Unidos y Subsecretario de la Defensa Nacional.
Si bien el Estado mexicano debe garantizar la seguridad y bienestar de sus habitantes, velar por el cumplimiento de las leyes y el Estado de Derecho, procurando justicia -sin distingo-, esto no está sucediendo.
La realidad es otra: abusos de poder y un Estado fallido en seguridad y justicia penal. La estrategia y operación limpieza del pasado régimen agravaron y agraviaron a todos: débiles y poderosos, honestos y delincuentes, familias y comunidades. Su guerra contra el crimen organizado heredó desastre e injusticia.
Las liberaciones referidas demuestran que la PGR fabricó culpables y abusó del testigo protegido, al anteponer vanidad sobre verdad.
Inseguridad y criminalidad rebasan al Estado. Sus herramientas no sirven para combatir eficazmente a la delincuencia organizada: el fracaso es evidente.
Con toda razón Tomás Ángeles lo califica de “terrorismo de Estado”.
Testigos protegidos
El oscuro pasado no debe repetirse. La PGR tiene oportunidad de reivindicarse, pues acaba de entrar en vigor la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el objeto de dar protección y atención a personas relacionadas con un procedimiento penal, en situación de riesgo y peligro por una amenaza real contra su vida e integridad física.
Las personas en peligro ingresarán voluntariamente al programa, previos requisitos, pudiendo ser testigos, víctimas, ofendidos, testigos colaboradores, peritos, policías, ministerios públicos o jueces.
Son testigos colaboradores quienes, habiendo sido miembros de la delincuencia organizada, voluntariamente colaboran con la autoridad rindiendo testimonio para investigar, procesar o sentenciar a otros presuntos delincuentes. Su identidad es confidencial. La obligación fundamental del protegido es declarar la verdad.
Sin embargo, el testimonio del testigo colaborador, por sí mismo, no tiene ni merece valor de prueba plena y la autoridad no está obligada a tomarlo como cierto.
Su declaración debe ser necesariamente corroborada con otras pruebas que permitan darle certeza.
El éxito dependerá de que la PGR valide su veracidad, antes y durante el procedimiento penal, pues la justicia no puede construirse con mentiras ni simulaciones.
Las acusaciones penales pueden iniciarse con testimonios, pero deben sustentarse en pruebas adicionales que comprueben su veracidad.
El Ministerio Público deberá realizar investigaciones científicas y profesionales, evitando que el testigo protegido mienta y exteriorice intereses distintos al de colaborar con la justicia. De no ser así, el Estado de Derecho seguirá siendo un pendiente, con daños irreparables para la justicia en México.
Carlos Requena
El Economista
https://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/04/21/vanidad-guerra
