Más allá de las opiniones de académicos, científicos, políticos, artistas y organizaciones civiles que siempre contribuyen a enriquecer el debate nacional, la legalización de la mariguana y la necesidad de reformar las políticas de drogas en México deberán ser resueltas, en definitiva, en el terreno de la legalidad.
Lo novedoso de la discusión es la avidez con la que se aborda el tema y la posibilidad de que una postura distinta a la vigente se materialice en políticas públicas como en los casos de Washington y Colorado, en Estados Unidos, y Uruguay, regiones pioneras en establecer regímenes legales para el mercado de la cannabis.
En el debate participan por igual defensores de la fiscalización, quienes promueven la adopción de medidas punitivas como método predominante para disuadir el consumo y castigar la producción y el tráfico de drogas.
También hay promotores de la liberalización, para quienes la desaparición de las drogas es utópico e indeseable pues, como cualquier cosa comerciable, se regularía por la ley de la oferta y la demanda.
Otros participan en favor de la regulación legal de los mercados de drogas, afirmando que el establecimiento de controles estrictos para la producción, distribución, venta y consumo, conforme a un esquema de legalidad, es la única solución para mitigar los daños producidos por las drogas y las políticas punitivas -hasta hoy, vigentes- en casi todos los países, incluido México.
El prohibicionismo permanece como enfoque dominante y como única opción de política pública. Sin embargo, en los últimos años, hemos presenciado mayor distanciamiento entre aquellos países que defienden el statu quo, y un nuevo grupo de naciones que hoy desempeñan un papel clave en la visualización de límites y retrocesos de la prohibición, con el fin de lograr un nuevo consenso basado en la implementación de políticas no criminalizantes.
Para México, la pertinencia de discutir este tema es resultado del evidente fracaso -de consecuencias nefastas- de su estrategia punitiva de combate al narcotráfico, así como de la propagación de experiencias regulatorias en otros países en aras de encontrar y definir nuevas políticas nacionales. Por ello, enmarcar la política de drogas con un enfoque estrictamente de salud pública es sano, pertinente y necesario.
Poco a poco, se consolida el debate informado, que ha trascendido al ámbito político, no sólo a nivel del Poder Ejecutivo –como en el caso de Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez, y el Presidente de la República en contra, aunque abierto a la discusión-, sino también del Poder Legislativo –donde se vislumbran debates de alto nivel- en foros entre senadores, diputados y asambleístas.
Nueva política sobre drogas
Pero la discusión tiene que entrar formalmente al Poder Judicial de la Federación para que se determinen los límites de la legislación vigente y los alcances de una reforma que se vislumbra inminente bajo la óptica de los derechos humanos.
Seremos testigos de instancias judiciales promovidas por ciudadanos, quienes demandarán la necesidad de priorizar el respeto a los derechos fundamentales de la autodeterminación y la imposibilidad del Estado de regular conductas en las que no se afectan bienes ni derechos de terceros.
Carlos Requena
Derecho Reservado | El Economista
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