México carece de un sistema de información veraz sobre la situación de los derechos de las niñas y los niños. Sólo sabemos que un porcentaje muy alto de los actos de violencia y abuso sexual en su agravio surgen en el entorno intrafamiliar. Lo cierto es que, a pesar de haber firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificado convenciones y tratados internacionales y reformado la Constitución en esa materia en el 2011, no acabamos de reconocer sus derechos como paradigma fundamental para mejorar el futuro del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá aplicar lo que establece nuestra Carta Magna. Al respecto, avanzamos retrocediendo al estilo mexicano: derechos humanos sí, salvo cuando nuestra Constitución los restrinja expresamente.
Como sociedad exaltamos el valor de la familia y de nuestras niñas y niños, pero, simultáneamente, miles de ellos sufren violencia y maltrato intrafamiliar -ahí están los casos de alienación parental de personajes públicos-, sin abundar en otras formas de maltrato y explotación, como prostitución, pornografía, trata, trabajos forzados, pobreza y marginación.
Desde la Convención sobre los Derechos del Niño hemos tenido avances normativos, pero no han sido suficientes. El último intento en el Congreso de la Unión de armonizar y mejorar su situación no avizora consolidarse como una reforma legal sustantiva. México no cuenta con un verdadero ni categórico organismo que promueva, proteja y represente, con autoridad y autonomía, los derechos y el interés superior de las niñas y los niños. Aunque hay avances para protegerlos en situaciones de vulnerabilidad, no existe un sistema nacional de protección a la infancia, debidamente articulado y capaz de abrazar todas las formas de vulneración a sus derechos. Fernando Savater afirmó recientemente que el problema más dramático de la educación es que sólo la echan de menos quienes la conocen, lo cual representa el reto de crear modelos que estimulen a la sociedad a adquirir el conocimiento necesario para ser más libre y democrática.
Protocolo en favor de la infancia
Sin embargo, un paso sustantivo -que implica aspectos educativos- se dio recientemente en la ciudad de México con el Protocolo de Intervención Social para Atender el Maltrato Infantil en la Familia, con medidas para garantizar los derechos de las niñas y los niños, con el fin de aplicar técnicas adecuadas para identificar y erradicar el problema de la violencia y favorecer las relaciones familiares no violentas. Esta iniciativa fue reconocida por la representante de Unicef en México, Isabel Crowley, como una referencia para todo el resto del país. La construcción de este protocolo fue resultado de un trabajo de colaboración entre autoridades, organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos comprometidos, en un claro ejemplo de gobernanza. Incluso, Miguel Ángel Mancera les expresó a todos su reconocimiento y los invitó a sumar esfuerzos como padres de familia, familiares, hermanos y, en general, habitantes de esta capital, para defender a las niñas y niños del terrible maltrato infantil.
Carlos Requena
Derecho Reservado – El Economista
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