México no aguanta más. Por décadas sus arcas y hacienda pública han sido vaciadas y saqueadas impunemente por seudo políticos y gobernantes emanados del mismo molde aunque ostenten distintos nombres y filiaciones partidistas. Por desgracia, la lista de esos traidores a la patria es muy extensa. Llegan al poder, roban y se van a casa (o a sus múltiples mansiones incluso en el extranjero), si acaso señalados aunque casi nunca realmente castigados.
En el más reciente Informe General de la Cuenta Pública (2014), la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Juan Manuel Portal, señaló 11 áreas de riesgo en el manejo de recursos públicos. A través de 1,659 informes, en su mayoría de auditorías de cumplimiento financiero y desempeño, la ASF reportó irregularidades como falta de control en los padrones de beneficiarios de programas sociales; adquisiciones, contrataciones o inversiones inconvenientes para el Estado; adjudicaciones directas, servicios no prestados; deficiente planeación, contratación y ejecución de obra pública; programas públicos duplicados y descoordinados, e incumplimiento de servicios contratados a particulares. Las observaciones emitidas representan, en conjunto, daños patrimoniales por miles de millones de pesos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que al inicio de 2016, el promedio de deuda de estados y municipios referente a participaciones federales superó el 80%, con más de 530 mil millones de pesos (+- 3% del PIB).
Los constantes abusos de funcionarios deshonestos constituyen una profanación al artículo 134 de la Constitución que ordena eficiencia y honradez en el uso de recursos públicos. Además, el despilfarro y la opacidad, más allá de ser asuntos de mera corrupción y desvergüenza, también significan un grave atentado a los derechos humanos… esos de los que todos hablan pero muy pocos respetan. A fin de cuentas, los habitantes de México resultan humillados, vulnerados y burlados permanentemente.
Los recursos públicos, al emanar de políticas gubernamentales de planeación, presupuesto y gasto público, deben considerarse como derechos fundamentales, toda vez que los derechos humanos constituyen límites del actuar de todo gobierno, quien tiene la obligación de respetar a las personas que se encuentran bajo su soberanía, para cumplimiento de sus fines de cara a la comunidad internacional.
Desde hace un par de años la vicepresidenta de Voz Jurídica, A.C., Jessica Calderón, propuso la reforma del artículo 134 para establecer que los recursos económicos de la Federación, estados, municipios, Ciudad de México y órganos político-administrativos territoriales, además de seguir los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, sean administrados con total observancia a los derechos humanos, particularmente los sociales, económicos y culturales.
PISOTEAR LA DIGNIDAD
Por lo pronto, urge dar validez, congruencia y vigencia a la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y a las reformadas Ley Federal de Deuda Pública, Ley de Coordinación Fiscal y Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Aplicar esta legislación, con rigor y conciencia por los demás, es imprescindible en un país que ya no tolera ver pisoteada su dignidad e ignorados sus derechos fundamentales. Cualquier recurso público mal aplicado es un descaro deshumanitario.
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