Requerimiento empresarial
Orden Jurídico Indispensable
La comunidad empresarial debe tener certeza y garantía de que el Estado Mexicano, a nivel federal, estatal y municipal, esta eficazmente combatiendo el fenómeno de la criminalidad a través de políticas publicas implementadas para lograr el equilibrio entre la prevención del delito y el combate o reducción efectiva de los índices delictivos, ajustándose siempre al marco legal.
Es imprescindible el estudio científico del crimen y el criminal para la comprensión de sus causas e implementación de las acciones para combatirlos. Por ello, en México es urgente el replanteamiento de la Política Criminal, la cual se integra por los siguientes elementos constitutivos:
(1) Actividad Estatal, traducida en acciones del Gobierno, quien decide qué, cómo y cuándo respecto de la criminalidad.
(2) Prevención, acciones estratégicas previas para evitar los delitos.
(3) Análisis Interdisciplinario, pues necesariamente integra para su análisis al Derecho Penal, Derecho de Procedimientos Penales, Criminología, Criminalística, Derecho Penal Internacional, Derecho Penitenciario, entre otros.
(4) Instrumentación de Planes y Programas de Gobierno a mediano y largo plazo, sin los cuales es imposible la complementación o congruencia de cualquier reforma legislativa.
(5) Concreción de dichos Planes y Programas en Leyes Constitucionales, Leyes Federales y Leyes Estatales.
(6) Respeto irrestricto a la garantía de legalidad y;
(7) Equilibrio entre la prevención y el combate, siendo este el fin ultimo de toda Política Criminal diseñada para crear una sana convivencia y un orden social justo
La planeación de la Política Criminal requiere herramientas utilizadas en forma objetiva y oportuna como son: Estadística Criminal, Encuesta Victimológica, Encuesta Penitenciaria y los Sistemas de Georeferenciación o mapeo delictivo, sin influencias demagógicas o vaguedad política. De antemano entendemos que dicha planeación no implica, de ninguna forma, que dichas iniciativas cedan a posibles presiones o intereses ajenos, provengan o no de poderosas naciones extranjeras.
Destaquemos los Planes con los que se pretende reforzar la ayuda a México para el combate a la Delincuencia Organizada, así como el Decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
Se debe examinar si las iniciativas de reforma legislativa, actualmente propuestas o pendientes en el Congreso de la Unión, ha considerado siquiera la posible llamada de atención, consecuencia del enfoque de la sociedad mexicana e, incluso, de América Latina, sobre el cuestionamiento del modelo de Plan Antipobreza implementado a través de diversos programas sociales en México, es decir, ante el inminente reconocimiento de que dichos Planes están haciendo estáticos a los beneficiarios (personas más pobres), no están estimulando la búsqueda u obtención real de trabajo y, menos aún, están siendo acompañados de estrategias efectivas de generación de empleos.
Ninguna Política Criminal tendrá éxito jamás, ni será integral o eficaz, si no va acompañada, necesariamente, de la coordinación de otras políticas de Estado como son: Política Económica, Política Educativa, Política de Salud, Política Migratoria, Política Ecológica, Política Social y, Política de Seguridad, entre otras; coordinación que represente una verdadera sinfonía de actividades públicas o de gobierno a largo plazo. En este sentido, damos un voto de confianza al Presidente Felipe Calderón y a los demás gobernantes.
Muy importante
«Solo quien conoce el Derecho vigente, la Realidad Social imperante y la verdadera Estructura Política, comprendiendo y prestando atención a la actual relación entre éstas, puede atreverse a mostrar el camino para la futura legislación» Es hora de que en México se actué con dicha visión para concretar las urgentes reformas legislativas estructurales.
No nos referimos a una coordinación meramente institucional sino, en esencia, sustantiva y, por ende, evaluable. Tal parece que actualmente en el Gobierno Federal y Estatales, cada Política, como acción pública, va por su propio y distinto camino y, lamentablemente, no hay cruceros ni señalización en común. De ahí que los habitantes y ciudadanos de México estamos perdidos, sin rumbo, a merced de otros intereses que fijan el rumbo de la agenda política nacional.
Exigencia generalizada
Debemos hacer uso no solo de la política, sino de las políticas aplicadas, tan necesarias y urgentes en México. Una política aplicada constituye una estrategia de Estado como respuesta a los diversos problemas sociales que se le plantean, implicando la adopción de determinados criterios de selección y valoración, así como actitudes oficiales para la utilización de sus elementos integradores. Solo a través de la política aplicada podremos analizar la justificación del uso de la fuerza pública del Estado. Sabemos que éste tiene patrimonio propio, pero sus recursos humanos y económicos son limitados por lo que requiere saber en qué y cómo los tiene que gastar (gasto público).
Parece sencillo recordar que en el ejercicio del gasto público intervienen los tres Poderes formales del Estado: (i) Ejecutivo, (ii) Legislativo y (iii) Judicial; sin embargo, tarea difícil es medir como influyen los factores reales de poder.
Estoy convencido, desde una posición académica y profesional como abogado penalista, de la conveniencia de trabajar para apoyar la propuesta sobre la Unificación de la legislación penal en México o, la instrumentación de cuatro ordenes penales: federal, estatal, militar y en materia de delincuencia organizada, respectivamente.
En realidad, toda discusión se centra actualmente ante una flexibilidad del sistema o su feroz endurecimiento. En consecuencia, ¿quién y cómo se atenderá a la ponderación de intereses o bienes jurídicos hoy amenazados por lo concreto o lo abstracto?
En el plano reflexivo, ¿cómo podemos descifrar la declaración del Presidente Calderón, al referir en una publicación periodística: «Vengo a reiterarles que no podemos ceder nuestras ciudades y nuestra patria a los delincuentes, no lo vamos a hacer, no vamos a ceder, no vamos a rendirnos ante los delincuentes»?
Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal reconoció que ésta es una tarea difícil y admitió que «a lo mejor no nos toca ver los objetivos completos terminados, es cierto, pero es el camino correcto, aunque sea difícil vale bien la pena rescatar a los niños de México de las garras de la delincuencia y de las adicciones»
La pregunta de muchos es: ¿cómo se nos justifica que ese sea el camino corrector? ¿Cómo rescatar eficazmente a nuestros niños de las garras de la delincuencia y de las adicciones, en el contexto que vive hoy México?
Cualesquiera que sean las respuestas, lo cierto es que existe una exigencia generalizada y urgente para atender y definir una Política Criminal, propia del Estado Mexicano, donde nadie pueda escapar a su inherente responsabilidad, ya sea ciudadana o política.
