Un nuevo compromiso de concertación interinstitucional para crear nuevas leyes en materia de justicia penal fue suscrito en presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y fue denominado Acuerdo Nacional de Coordinación Legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Reunió a mandos de la Procuraduría General de la República y de las cámaras de senadores y diputados —federal y locales—, con el objetivo de intentar armonizar leyes federales y locales para la aplicación del nuevo sistema procesal penal acusatorio que, por mandato constitucional, deberá operar en México a partir de junio del 2016.
Transformar la justicia es urgente, pero falta difundir lo que significa ese nuevo sistema penal. Los ciudadanos tienen dudas y grandes expectativas respecto de la oralidad (juicios orales), la transparencia de los procedimientos y las medidas alternas para solucionar controversias penales.
Más les vale a las entidades de la República tomar conciencia de la importancia de este Acuerdo para dejar de solapar la impunidad. El secretario Osorio Chong fue contundente: “nada erosiona más al Estado de Derecho y al imperio de la ley que la violación al debido proceso, a los derechos humanos y la falta de acceso a una justicia pronta y expedita, porque justicia retardada es justicia denegada”. A su vez, el procurador Jesús Murillo Karam sostuvo que, con la implementación del Acuerdo, el país será congruente.
Pero una cosa es convocar y reunir a todos los legisladores para el cambio y otra muy diferente es transformar la realidad. Senadores y diputados deberán respetar y atender las diversidades regionales para lograr avances en común, hablar el mismo lenguaje jurídico, fijar reglas para la unificación interpretativa y la homologación de leyes penales a nivel nacional.
Enhorabuena por la foto, mejor por la firma y compromiso asumido, pero se deberán rendir cuentas claras y alcanzar resultados palpables expidiendo leyes de calidad, eficaces y que beneficien a las víctimas de los delitos en todos los municipios y entidades federativas. Tal coordinación legislativa dará paso a necesarios acuerdos entre las procuradurías y tribunales del país.
Corrupción y vicios nacionales
Urgen esfuerzos para desaprender los vicios tan arraigados y, paradójicamente, aprender nuevos hábitos de impartición de justicia basados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, próximo a publicarse.
Pero, ¿hacia dónde están viendo los legisladores para anticipar un cambio tan monumental y garantizar el futuro del Derecho Penal?
¿Habrá compromiso, sensibilidad, talento y voluntad para abandonar las mañas e inercias del pasado y poder dejar de hacer lo que hoy les es cómodo y cotidiano a ministerios públicos, policías, jueces, peritos y abogados?
La armonización legislativa debe ser resultado de una reflexiva política criminal. No se trata únicamente de enfocar la justicia como un nuevo modelo de calidad jurídica, sino de consolidar una sana convivencia social entre habitantes tan diversos, quienes coexisten en un mundo globalizado, digitalizado, pero siendo muchos de ellos terriblemente desiguales —pobreza y carencia de educación— ante políticas públicas fallidas.
La justicia penal del futuro requiere que los legisladores piensen y actúen diferente, con otra lógica y verdaderos principios democráticos, fundados en el bien común.
