Entre la noticia del infarto, una cuestionada reforma política, el amago de una energética, el fallecimiento del gran Nelson Mandela y los reacomodos del Pacto por México, un hecho trascendente para los mexicanos pasó casi desapercibido.
Nos referimos al Código Nacional de Procedimientos Penales aprobado por unanimidad en el Senado de la República, al considerarlo una reforma inaplazable para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, a más tardar el 18 de junio del 2016.
Fue resultado de un proceso histórico de deliberación mediante un ejercicio legislativo incluyente, democrático y constitucional.
Bienvenida la nueva legislación procesal penal, pues en este país ya se tenía lamentablemente institucionalizada la impunidad.
Este Código Nacional unificará y homologará las leyes y criterios para regular la investigación, procesamiento y sanción de los delitos del orden local y federal. Su objetivo será esclarecer los hechos delictivos, proteger a los inocentes, evitar que los culpables queden impunes y lograr que los daños a las víctimas sean reparados.
La legislación procesal nacional deberá garantizar el acceso de todos los habitantes de México a la justicia penal y proporcionar mecanismos para la resolución de conflictos originados por la comisión de delitos, siempre con respeto a los derechos humanos.
Ahora, diputados y senadores inmediatamente deben revisar y armonizar a escala nacional, diversas legislaciones como: Ley General de Víctimas, ley de ejecución de sentencias, ley de mecanismos alternativos de solución de controversias y ley contra la delincuencia organizada. De lo contrario, se avecinan confusiones y percepciones de que la justicia sigue empeorando.
Cambio psicosocial profundo
El sistema penal y sus operadores pueden equivocar el rumbo si no comprenden la esencia de este novedoso ordenamiento normativo y la lógica para su correcta instrumentación, pues casi en ningún país de América Latina donde la reforma procesal penal ha prosperado, se ha logrado consolidar un genuino sistema acusatorio.
Policías, ministerios públicos, jueces, abogados litigantes, peritos y profesores de Derecho estaremos a prueba, por lo que la capacitación es urgente. La ausencia de una preparación adecuada para resolver los casos penales cobrará una factura muy cara.
Lo cierto es que se requerirán décadas para revertir los vicios tan arraigados y adquirir sanos hábitos en favor del nuevo sistema penal.
Se tendrán que invertir sabiamente tiempo, esfuerzos y recursos económicos.
La sociedad espera con urgencia instituciones, policías, ministerios públicos y jueces capaces de resolver las exigencias cotidianas de justicia, reivindicando al Derecho Penal para hacer de la impunidad cosa del pasado y de la justicia, un eterno presente.
El trayecto hacia este desempeño profesional no es para pusilánimes ni para impacientes. El desarrollo de un genuino Estado de Derecho requiere tenacidad, sacrificio y una autoevaluación honesta y a menudo dolorosa. No hay atajos ni vuelta atrás.
Recordando a Daniel Cosío Villegas, México no sólo necesita líderes políticos, tampoco reformadores administrativos ni promotores enajenados de políticas públicas. Lo que realmente clama es un líder moral, ejemplo vivo de la nación, que sirva de inspiración a todo el país. Añadiría, una especie de Mandela mexicano.
