Empleo, seguridad y educación
Urge una reforma incluyente
Es una realidad que a los empleados de las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, les inquieta que nuestro país haya registrado una inflación record en el mes de marzo de 2008, provocando el aumento en alimentos, energéticos y transporte público.
Dichos empleados son receptivos a que los precios de la primera quincena de marzo hayan sido los más altos desde 1999, siendo la inflación de 0.48%, según datos del Banco de México (Banxico).
Al respecto, ¿qué acciones o expectativas prevén los propios empleados en el país: endurecimiento de las políticas monetarias; endurecimiento en el combate a la delincuencia organizada; o endurecimiento para concretar las tan esperadas reformas legislativas en materia laboral y educativa?
Con el dato revelado por Banxico, la inflación anual se coloco en 4.24%, siendo ésta la mas alta desde octubre de 2006.
En adición, hay quienes opinan que dicha inflación tiene su causa en el incremento en tarifas del sector público y en la entrada en vigor del nuevo impuesto (IETU), confirmando que este es un impuesto inflacionario.
Pero, hablando de previsiones, ¿que opinan los empleados mexicanos de las expectativas económico-laborales? Según la reciente encuesta nacional publicada por Grupo Reforma, ya son seis de cada diez ciudadanos quienes consideran que este 2008 se perfila como un año difícil y malo para la economía nacional; además, 84% cree que una eventual recesión económica en los Estados Unidos perjudicaría gravemente a la economía nacional.
Asimismo, se reflejó que las perspectivas son tan poco alentadoras, que únicamente 15% de los entrevistados afirmo tener en sus planes la solicitud de un crédito a alguna institución financiera. Frente a esto, 33% percibe riesgos de perder su empleo, como fuente de ingresos, siendo las mujeres encuestadas las que expresan un mayor temor de perder su trabajo en este año. Desde nuestra perspectiva, dichos temas están siendo actualmente atendidos por la Secretaría del Trabajo, encabezada por el Lic. Javier Lozano Alarcón, a quien damos un voto de confianza en el cumplimento de sus funciones.
Oportunidades escasas
Sin embargo, ¿qué sucede con las expectativas de los empleados en materia de justicia y seguridad pública? ¿Es un hecho que se incrementa grave, real y peligrosamente la inseguridad pública o, por el contrario, sólo se esta incrementando la percepción generalizada de inseguridad? Estas respuestas han venido siendo investigadas por la Procuraduría General de la República al mando del Lic. Eduardo Medina Mora, seguramente con el apoyo y coordinación del Secretario de Seguridad Pública Federal, Lie. Genaro García Luna.
Debemos analizar dos hechos, aparentemente aislados, pero que provocan un mismo resultado, es decir: insatisfacción laboral e inseguridad pública, como causas conjuntas de disminución en el rendimiento y productividad de las empresas.
En México existe una nube de frustración sobre muchas personas con capacidad y esperanza laboral. Tal inquietud fue retomada por la en cuesta Nacional de Empleos y Ocupación del INEGI, recientemente publicada, a través de la cual se dio a conocer que en nuestro país, siete de cada diez desempleados son jóvenes de entre 14 y 39 años de edad. Siendo un dato lamentable que, al cierre de 2007, 41.5% de los jóvenes con menos de 29 años y educación media superior y superior señalaron que no tuvieron acceso a trabajos formales.
La encuesta de INEGI señala que 39% de los jóvenes de 20 a 29 años con estudios profesionales terminados trabajan en actividades no profesionales, es decir, trabajos donde no aplican la habilidad adquirida en las licenciaturas, maestrías o doctorados. Luego entonces, ¿estamos viviendo una época de perdida de vitalidad y esperanza?
Importantes sistemas están siendo hoy enérgicamente cuestionados y debemos ponerlos, de una vez por todas, a prueba y calificación publica. México requiere una pronta, contundente y efectiva solución estructural a sus sistemas laboral y de justicia y seguridad pública, respectivamente; esperando que el sistema educativo no sea nuevamente el eslabón perdido u olvidado, tal como lo esta demostrando nuestra Historia.
Como ejemplo, hay quienes han advertido por el bajo nivel académico de policías y ministerios públicos.
El 70% de los policías mexicanos, sobre todo estatales y municipales, cuentan sólo con estudios de nivel primaria y secundaria, según datos de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto al sistema de procuración de justicia penal y seguridad pública, las reformas constitucionales, recientemente discutidas, pero que todavía no convencen de su plena efectividad, deberán brindar mayor protección y legalidad a los procedimientos, permitir paulatinamente dar completa publicidad a los juicios, salvo excepciones, y establecer mejores condiciones para el fortalecimiento del equilibrio procesal entre los derechos y obligaciones de las victimas y los acusados.
Legislaciones racionales
Es así como los sistemas o políticas gubernamentales en materia: (1) laboral, (2) de procuración de justicia y seguridad pública y, (3) educativa, respectivamente, están acumulando funciones sociales significativamente distintas a las que les eran tradicionales. Hoy se nos plantean aparentes modelos actualizados de legislación, pero no necesariamente «legislaciones racionales o propias de la realidad del Estado Mexicano».
Reconozcamos que México ha experimentado el surgimiento de leyes que, al aplicarse e interpretarse, quedan en manos de la improvisación, la supuesta democracia consensada y el oportunismo social y político. No obstante ello, es necesario insistir en que «sólo quien conoce el derecho vigente, la realidad social imperante y la verdadera estructura política, comprendiendo y prestando atención a la relación entre estas, puede atreverse a mostrar el camino para la futura legislación”.
