La liberación del general Tomás Ángeles Dauahare este miércoles, por falta de pruebas para vincularlo con la delincuencia organizada, ha puesto la atención sobre los exfuncionarios que integraron la acusación en su contra, incluida la ex procuradora Marisela Morales.
El procurador Jesús Murillo Karam informó este jueves que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga si las personas que iniciaron el caso en 2012, durante el gobierno del panista Felipe Calderón, incurrieron en irregularidades al acusar al militar.
Aunque Murillo Karam declinó dar detalles sobre la indagatoria, explicó que fue abierta luego de que el Poder Judicial de la Federación llamara a la PGR a revisar si su personal ha cometido faltas en la recabación de declaraciones de testigos protegidos o, incluso, «fabricado» pruebas.
El general Ángeles Dauahare fue detenido en mayo de 2012. La acusación en su contra se basó principalmente en las declaraciones de un testigo protegido identificado como Jennifer.
En enero, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, a través de la PGR, desechó los testimonios que inculpaban al ex subsecretario de la Defensa al concluir que carecían de validez.
Abogados penalistas consultados por CNNMéxico dijeron que si la PGR encuentra irregularidades en la acusación contra el militar, podría iniciar procesos penales contra todos los involucrados, incluida la ex procuradora Marisela Morales, que dirigió la dependencia de 2011 a 2012.
El propio Ángeles Dauahare, luego de ser liberado, dijo que analizará si procede legalmente o no contra Morales.
Otro exalto funcionario involucrado en la acusación contra el militar es José Cuitláhuac Salinas, que dirigía la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuando el general fue aprehendido.
En caso de que los exfuncionarios sean encontrados responsables de irregularidades, podrían recibir sanciones administrativas, como multas o inhabilitaciones, e incluso castigos penales, es decir, tiempo en prisión.
Las pruebas «fabricadas»
La indagatoria en la PGR se abrió después de que el Poder Judicial señaló inconsistencias en los dichos de algunos testigos protegidos y advirtió «una posible fabricación de pruebas», en casos de exfuncionarios detenidos en el marco de la Operación Limpieza.
El gobierno de Calderón nombró así al operativo encabezado por la PGR para detectar a funcionarios corruptos. Uno de los primeros aprehendidos fue Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO, en 2008.
Tanto el general Ángeles Dauahare como Ramírez Mandujano, también liberado, eran altos mandos de seguridad cuando fueron detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aunque declinó citar ejemplos, el abogado penalista José Antonio Granados Atlaco dijo conocer casos en los que, por cuenta propia o por órdenes de un superior, agentes del Ministerio Público han manipulado testimonios o «fabricado» pruebas para sustentar una acusación.
«Hay casos en los cuales se han presentado testigos falsos, algunos testigos protegidos que por querer ser protegidos o porque ya se les dio dinero se prestan a ser testigos», señaló.
En situaciones de ese tipo, cometen un delito tanto el funcionario que presenta ante tribunales un testimonio manipulado como la persona que lo proporciona. Murillo Karam informó este jueves que la PGR también investigará al testigo conocido como Jennifer.
Testigos en controversia
Las principales bancadas en el Congreso de la Unión se han manifestado a favor de reformas para acotar el valor de las declaraciones de testigos protegidos, y con ello, obligar a que las acusaciones se sustenten en más pruebas. Sin embargo, hasta ahora no han acordado una iniciativa en común.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó en diciembre al Senado una propuesta en la materia, que hasta ahora no ha sido analizada.
Cuestionado sobre el caso de Ángeles Dauahare, Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se pronunció por la eliminación de la figura del testigo protegido.
«No se puede seguir permitiendo que la impartición de justicia le siga dando veracidad a las declaraciones de delincuentes que deciden cooperar y están dispuestos a declarar lo que sea y en contra de quien sea, y a la postre sólo ocasiona problemas», dijo Plascencia este jueves a la agencia Notimex.
El abogado Carlos Requena, especialista en Derecho Penal de la Universidad Panamericana (UP), consideró que la figura debe mantenerse en la legislación mexicana, aunque necesita una regulación más estricta.
«Las acusaciones, los delitos, no deben sostenerse y no deben depender únicamente de testigos, porque ya vimos que a la larga y con el tiempo se caen las acusaciones. Tienen estos testimonios que ser corroborados con lo que llamamos una investigación científica», dijo.
Desde septiembre pasado, otros exaltos funcionarios de seguridad acusados con base en dichos de testigos protegidos han quedado en libertad por falta de pruebas.
Fuente:
CNN MÉXICO por Mauricio Torres.
