Juicios orales, tecnología, dar la prioridad a las víctimas y mejorar la investigación. Eran algunos de los objetivos de la Reforma Penal, promulgada por Felipe Calderón el 18 de junio del 2008 y cuya aplicación ha sido muy lenta.
«Si no está bien implementada puede ser un retroceso muy grave en la impartición de justicia.”
Carlos Requena
Abogado
“No es un simple cambio de leyes: implica una transformación en la mentalidad y en los hábitos de las personas que van a operar el sistema de justicia”, explica el abogado Carlos Requena.
Es decir: hay que reeducar y vencer la resistencia de abogados, ministerios públicos, policías, peritos y jueces.
Así, para mayo de este año solo 3 estados había aplicado la Reforma (Chihuahua, Estado de México y Morelos), 10 más estaban comenzando el proceso y en 7 más estaba por empezar en lo que queda del año. En el resto no hay claridad.
EL DF SIGUE ESPERANDO
La Ciudad de México es una de las 19 entidades donde no se ha aplicado ningún cambio hasta ahora. Y uno de los factores más importantes que se alegan es el económico: implica miles de millones de pesos para remodelar espacios, adaptar mobiliario y capacitar al personal.
“Desde el 2008 se debió de haber previsto el ir presupuestando todo para el gran cambio”, dice Requena. “En la Ciudad de México es posible que se lleve a cabo una coinversión público-privada”
Otro problema es la lentitud con la que se han aprobado leyes secundarias y, sobre todo, con que se ha armonizado la legislación a nivel nacional. De hecho, uno de los compromisos del Pacto por México fue aprobar un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.
Pero el Pacto por México está en pausa electoral: se reactivará hasta el segundo semestre del año y con otros temas en la agenda.
¿A LA HOLLYWOOD?
La reforma ordenaba que hubiera un nuevo sistema acusatorio penal, los llamados “juicios orales” que muchos equiparan al sistema de Estados Unidos. Pero no es el caso.
“Allá tienen un jurado que es el que va a resolver la sentencia, acá vamos a tener jueces”, explica Requena, “pero en todo lo demás más o menos es igual”.
La clave es amparar al individuo ante el sistema, en especial a quienes sufren los delitos y no reciben retribución por el daño sufrido.
“Ahora se trata de reparar a la víctima y de transparentar todo lo que sucede en torno al sistema de justicia legal”, puntualiza el abogado, que ha sido reconocido por apoyar legalmente a personas en situación vulnerable.
¿QUÉ VIENE?
La Reforma daba 8 años para que en todo el país se implementaran los cambios que contemplaba. Es decir, faltan 3 años para hacerlo, un plazo que no será prorrogado.
Con cada día que pasa, la situación se vuelve más urgente y complicada. Se va incrementando la presión sobre las instancias judiciales, que han estado en la mira desde el primer momento.
“No se trata solo de cumplir, sino de cumplir bien”, concluye Requena. “Si no está bien implementada puede ser un retroceso muy grave en la impartición de justicia.”
Carlos Requena
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