Considero que el dictamen finalmente aprobado deja dudas sobre si se favoreció o no la impunidad pues, en el terreno jurídico, la Corte se pronunció más sobre hechos generales que respecto de hechos específicos, tratando de identificar a las personas que pudieron haber participado en tales hechos materia de su averiguación constitucional, sin poder adjudicarles responsabilidad alguna.
Su conducción resolutiva, con aparente excesiva formalidad, los llevó a emitir en cierta manera criterios o lineamientos para el uso de la fuerza pública, como facultad exclusiva del Estado para restablecer el orden público. La disyuntiva o decisión tal parece que verso entre analizar los hechos con rigor científico y objetividad, o interpretar formalmente la ley para deslindar superiores o inferiores jerárquicos.
Esta nueva oportunidad histórica de la Suprema Corte de averiguar si existió tolerancia o permisión en el uso de la violencia y, en su caso, si esta violencia fue o no Ilegitima, contrasta con la situación práctica o real que hoy preocupa a la opinión publica, es decir, que actualmente sí hay personas o manifestantes, miembros del Frente por la Defensa de la Tierra, en la cárcel, y, sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento, no hay ningún jefe policíaco encarcelado. En resumen, quizá a la Suprema Corte enfrenta una necesidad de autolimitación jurisdiccional a su propia facultad de averiguación constitucional.
*En opinión del abogado Carlos Requena.
Fuente:
El mundo del Abogado por Paulina Ordaz.
