Ciudad de México.- A pesar de los reveses en los que la figura jurídica del «testigo protegido» ha quedado en entredicho, por carecer de sustento sus señalamientos, sin duda sigue siendo una herramienta útil en la procuración de justicia.
Las fallas en la materia «son producto de la vanidad en la guerra contra el narcotráfico en la pasada administración», afirmó en entrevista para El Sol de México, el abogado Carlos Requena, consejero de México Unido Contra la Delincuencia.
Sin duda, el «testigo protegido o colaborador» es una herramienta muy eficaz que tiene que seguir siendo regulada en el derecho penal mexicano, pero cuidando que la Procuraduría General de la República (PGR) haga bien su trabajo.
Esta instancia federal, posee un centro de protección en donde debe de validar que las personas que ingresan y que son susceptibles de ser protegidas, digan la verdad, además la PGR no puede quedarse únicamente con sus testimonios, sino que debe profesionalizar las investigaciones de acuerdo a las líneas aportadas por los testigos colaboradores, para probar y acreditar, con otras pruebas, la comisión de delitos.
Para evitar lo ocurrido en la pasada administración, donde la «instrumentación de este programa demostró haber tenido muchas fallas y el Ministerio Público federal fabricó culpables, que al paso del tiempo, al caerse las acusaciones, los casos se vinieron abajo, lo que sin duda representó una tragedia para la justicia, independientemente de si fueron culpables o inocentes», recalcó el abogado.
Los más claros ejemplos de simulación de la justicia, con la participación de esta figura, son los casos del general Tomás Ángeles Dauahare y el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, de la francesa Florence Cassez y de muchos más en el sexenio pasado.
Porque precisamente la autoridad federal basó su argumentación y pruebas en un testigo protegido, que a la postre no pudo sustentar sus acusaciones con la comisión del delito que les imputó, de ahí que los jueces hayan determinado su pronta liberación.
Requena dijo que hay que entender que el problema de la delincuencia organizada es «brutalmente poderoso» y esta figura (testigo colaborador o protegido) tiene poco tiempo de ser utilizada para esos fines en México; apenas en 1996 se reguló a través de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, gracias a una serie de tratados internacionales.
Antes de enero de 2013, la PGR venía trabajando en forma muy limitada con una ley parecida; con ella regulaba los testigos protegidos de una manera poco clara, situación que permitió un abuso del derecho del testigo protegido. Precisamente ahí, en ese momento del tiempo «parecería más que fue un intercambio entre delincuentes y el gobierno; el Estado recibía declaraciones para fabricar culpables y los delincuentes recibían beneficios».
Sin pretextos
En el contexto de hoy, afirmó, «tanto la PGR y el Gobierno federal ya no tienen pretexto para que sigamos padeciendo este tipo de abusos», porque a partir de enero de 2013 entró en vigor una nueva Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal.
Ésta lo que permite es organizar y garantizar la protección a personas que se encuentren en situación de riesgo o peligro de perder su vida, como consecuencia de estar vinculadas a un procedimiento penal.
Y habría que distinguir aquí, dos cosas, señaló el consejero; esta Ley federal de Protección a Personas establece un programa de protección en donde todo aquel o aquella que sienta peligro o riesgo de perder su vida, puede voluntariamente acceder al programa, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos.
Es decir, personas protegidas pueden ser testigos, víctimas, los ofendidos, jueces, Ministerios Públicos e inclusive policías. Estas personas son protegidas por la PGR y el Estado por estar en una amenaza de riesgo.
Ahora bien, dentro de estas personas protegidas existe un tipo que se conoce como «testigo colaborador». Esta figura es una persona con características muy especiales, porque es una persona que habiendo sido miembro del crimen organizado, accede voluntariamente a colaborar, por eso se llama «colaborador» con el Ministerio Público federal para rendir su testimonio o prueba para la investigación, procesamiento o sentencia de otros integrantes de la delincuencia organizada.
«Esto es importante porque hoy la PGR, a partir de la nueva ley en donde personas intervienen en el procedimiento penal, tiene toda una regulación específica en donde los testigos colaboradores tienen la obligación de rendir testimonio apegados a la verdad, a cambio de que su identidad y su ubicación física sea reservada y confidencial».
Para el consejero, la clave está en que la PGR tiene la responsabilidad para que antes y durante un procedimiento penal, se garantice o se valide que los testigos colaboradores o protegidos están diciendo la verdad.
Habrá que recordar, señaló Requena, que la delincuencia organizada es muy poderosa, «tiene tentáculos en todas partes, pero sin duda la PGR tiene la gran oportunidad de llevar a cabo este programa para lograr el éxito como se hace en Estados Unidos, Colombia y en muchos otros países, donde se llevan a cabo investigaciones penales como consecuencia del importante testimonio de los testigos colaboradores.
Otra de las claves es que la PGR no puede soportar, ni sostener sus acusaciones en contra de integrantes de la delincuencia organizada únicamente en testimoniales, aunque sean testigos colaboradores.
No obstante esta figura en ocasiones ofrecen datos, indicios muy importantes para que la PGR y el MP federal inicien las investigaciones, pero la PGR está obligada a llevar una investigación científica.
Esto significa que debe de corroborar con otros elementos de prueba que puede; el objetivo es corroborar, avalar ese testimonio de los testigos colaboradores.
Tiempo de recomponer
Carlos Requena refirió que sin duda la PGR tiene la posibilidad de corregir muchos errores de la pasada administración.
Antes de la nueva ley de enero de 2013, «pagamos una campana de aprendizaje terrible; yo creo que se fabricaron culpables a costa de dañar gravemente a la justicia penal mexicana, pero ya hoy en día el gobierno federal no tiene pretextos, porque tiene una ley nueva que regula mucho mejor esa figura y hay que darle oportunidad que demuestre y justifique, que todo este presupuesto, que se ejerce anualmente en base a la Ley de Egresos de la Federación, sirva para recomponer el camino».
El penalista indicó que desde 1997 al 2007, la PGR invirtió alrededor de 86 millones de pesos en seguridad y manutención de aproximadamente 426 testigos colaboradores, dato que sale a la luz de la pasada regulación de dicha ley federal contra la delincuencia organizada.
«Hay que recomendar en cada caso, donde el gobierno federal logre detener a delincuente y en donde se logren sentencias condenatorias, la PGR deberá rendir cuentas», afirmó el abogado.
«La gran promesa y expectativa que tenemos todos es que el actual gobierno pueda dar una batalla más inteligente» que la pasada administración.
La actual política, en materia de procuración de justicia, de la presente administración, es combatir a la delincuencia organizada y esta herramienta, del testigo colaborador o persona protegida puede ser muy útil, siempre y cuando la PGR realice su tarea de indagar que digan la verdad, para que luego no una mentira genere otra mentira, por tanta impunidad.
Estos testigos son igual que otros testigos, la única diferencia es que ayudan al Ministerio Público, colaboran en la investigación, de manera secreta y confidencial.
Su testimonio lo puede conocer el inculpado y su abogado defensor, lo que no se podrá conocer es su identidad y este programa sin duda deberá de ser muy observado, concluyó el abogado.
Fuente: El Sol de México por Hugo Hernández
