Muchos celebran el Día del Abogado. Incluso, el jueves pasado en un evento adelantado en Los Pinos —por razones de agenda—, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la relevancia del orden jurídico para proteger los derechos y libertades de todos los mexicanos. En el acto, la procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que no podemos tolerar a quienes creen que pueden sustraerse de la ley o aplicarla a modo. Cierto, pero tampoco es tolerable vivir en un país donde muchos de los que se dicen profesionales del Derecho son, en realidad, sólo cometicos.
Ya lo había advertido el reconocido jurista y entonces ministro de la SCJN, José de Jesús Gudiño: “Para mejorar la administración de justicia no basta con reformar al Poder Judicial y exigir responsabilidad a los jueces (…) También es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad”.
El crecimiento, casi exponencial, de instituciones educativas patito, ha puesto a México en alerta. En los tres años recientes se crearon seis escuelas de Derecho ¡por mes! Se estima que en nuestro país hay más de 1,600 instituciones de educación superior que ofrecen esta carrera, y sólo entre el 2010 y el 2014 se expidieron cerca de 160,000 cédulas profesionales con idéntico valor oficial.
Conscientes de que el título profesional no siempre acredita la calidad profesional, instituciones como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han expresado la urgencia de restablecer la colegiación obligatoria e imponer la certificación de todos los abogados. El ejercicio ético y competente de la profesión es condición para el éxito de la cuestionada reforma de justicia en el país.
Por fortuna se avisora una medida esperanzadora. La iniciativa de reforma constitucional presentada por senadores del PRI, PAN y PRD plantea modificar la Constitución para introducir la colegiación y certificación obligatorias de los profesionistas del Derecho en México, con el fin de garantizar que cuenten con los conocimientos, experiencia y expresiones éticas requeridas.
Por su parte, el proyecto de ley general de la abogacía mexicana también plantea la colegiación y la certificación obligatorias para garantizar la permanente actualización de conocimientos, el control ético y el beneficio social de la abogacía. Ya no bastará sólo con el título profesional; el interesado deberá integrarse a algún colegio autorizado, acreditar un examen de ingreso y contar con certificaciones con vigencia máxima de cinco años. Los abogados estarán sujetos a responsabilidad penal por los delitos en su ejercicio, y a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los interesas que les hayan sido confiados.
No hay motivos para verdaderamente celebrar el Día del Abogado. Existen resistencias y muchos intereses poderosos contrarios a la iniciativa en favor de la abogacía.
LA MEJOR CELEBRACIÓN
Es imprescindible atender la urgencia de salud jurídica. La mejor celebración será sólo posible hasta cuando existan leyes que fomenten genuinos abogados y profesionales del Derecho, bien capacitados, actualizados y comprometidos con su vocación.
