¿En México qué es primero? ¿El huevo de la corrupción o la gallina de la impunidad? Imposible saberlo por la laxitud de las granjas nacionales donde se convive plácidamente. Para muestra, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa a México en el lugar 103 de 175 países. Por si no fuera suficiente tal vergüenza, el índice de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, que dirige Luis Ernesto Derbez, colocó a México como el segundo país con mayor impunidad, sólo debajo de Filipinas.
Aunque de reciente creación, en realidad nadie cree hasta el momento en el sistema nacional anticorrupción (SNA). La incertidumbre de su eficacia es total y no se deben echar las campanas al vuelo. El país está lleno de desafíos; incluso, Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, la institución revisora de organismos y dependencias que reciben dinero público, advirtió que pasarán al menos dos años antes de que el SNA empiece a funcionar y un periodo todavía mayor para que podamos empezar a ver sus primeros resultados. Se enfrentarán a enormes retos de la vida nacional, entre los que se cuentan:
Apoyo de los estados. Como toda reforma constitucional, el SNA requiere la aprobación de 50% más uno de los congresos estatales (17), pero la urgencia de una mayoría está siendo opacada por la reticencia de algunos gobernadores quienes, temerosos de ser auditados, lanzan mensajes de que la reforma afecta la soberanía de “sus” estados.
Leyes secundarias. No es exageración afirmar que de las leyes secundarias depende la eficiente implementación de cualquier reforma constitucional. Ante el mayor reto como el combate a la corrupción, sólo existe lugar para reglas y normas claras, sin vacíos legales, sin interpretaciones convenencieras y sin arbitrariedades jurídicas. Las leyes son para cumplirse o no son leyes.
Aplicación efectiva. De iniciativas y dictámenes legislativos están llenas las agendas de los congresos, pero más allá de la mera aprobación de reformas, se requiere su aplicación efectiva. Sería ridículo y catastrófico que el SNA siguiera el mismo destino que la mediocre reforma educativa, cuya parálisis ha obligado al propio presidente Enrique Peña Nieto a interponer controversias constitucionales para garantizar su validez.
Participación social. Los ciudadanos están obligados a observar, a denunciar y a exigir acciones concretas del gobierno para una buena gobernanza. Organizaciones civiles como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México ¿Cómo vamos?, México Evalúa y Mexicanos Primero, activaron el “anticorruptómetro” con el que contarán el tiempo (minutos y segundos, inclusive) que tarda cada congreso estatal en aprobar el dictamen del SNA y darán seguimiento en las poderosas redes sociales
SUPERVIVENCIA
Combatir a la corrupción y a su cómplice, la impunidad, es requisito indispensable para el desarrollo de México. Enrique Cárdenas, director del CEEY, menciona que no es solamente un asunto de moralidad o de justicia elemental, sino un “tema que pone en entredicho la supervivencia material del Estado mexicano y su viabilidad económica y social”. ¿Sólo de corrupción vive el hombre?
Leyes para tu bien.
