Imagine usted la necesidad de reconocer que estamos ante un gravísimo problema sin solución; que debemos resignarnos a su existencia y a nunca pensar en el remedio, sino solo en aprender a vivir con esta terrible realidad: corrupción, mordidas, transas, engaños, simulaciones, moches, cinismos y complicidades públicas y privadas en cada rincón del país.
En efecto, México sufre un estado de luto permanente ante la letra muerta de sus leyes, programas y sistemas anticorrupción. Un contexto totalmente desolador mientras se platica en Hamburgo con el presidente francés, Emmanuel Macron para relanzar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano; o cuando nos decimos listos para negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); o mientras la ficción se convierte en realidad en un país donde las mentiras y la corrupción son consideradas verdades alternativas, profundamente culturales.
Por más leyes, reformas, promesas, alternancias, pactos y transiciones democráticas, México sigue cayendo en la percepción sobre corrupción. El último informe de Transparencia Internacional lo ubica en el lugar 123 de 176. Apenas el año pasado estaba en el sitio 95. Entre otras muchas entidades y dependencias gubernamentales, ¿le afectará esto a ProMéxico, dirigido por Paulo Carreño King, o a la Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid?
Terrible que las empresas destinen presupuestos para corrupción por ser imprescindible para su subsistencia corporativa. Eduardo Vargas describe algunos ejemplos en su libro Manual de los Corruptos, 101 formas de transar en la construcción. Muchas malas prácticas ahora también son confirmadas por fuentes oficiales: en la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), el INEGI revela que 8 de cada 10 empresas (82.2%) considera que los actos de corrupción por parte de funcionarios son frecuentes. Las principales condicionantes de los corruptores son la agilización de trámites, la evasión de multas y la obtención de licencias.
Más de 34,000 empresas encuestadas estimaron haber perdido 1,600 millones de pesos en 2016 por actos de corrupción. Aunque las grandes empresas reconocen su participación en estas dañinas prácticas, son las medianas las que más gastan en ellas (84,806 pesos en promedio). Irónico que mientras hacen esfuerzos para ahorrar, optimizar procesos y cumplir con los trámites, también tengan que desembolsar mucho dinero para “invertirlo” en corruptas autoridades locales, estatales y federales mexicanas. ¿Cómo abordar estos temas, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), presidido por Alejandro Delgado, ante los retos del nuevo sistema emprendedor en México?
COMPLIANCE GUBERNAMENTAL
La vulnerabilidad del Estado Mexicano es cada vez más notoria y su severa deformación agrava su carencia de estado de Derecho, convirtiéndolo en huérfano de la productividad honesta. El desprecio a la rectitud es generalizado y la corrupción sigue permeando a la sociedad desde la cúspide hasta la base, olvidando que el arte de las mejores prácticas es predicar con el buen ejemplo. Solo así se mide la grandeza o bajeza de las personas.
Nadie se percata ni valora la amargura, dolor y frustración que padecen los mexicanos honestos; esperemos que alguien sepa escuchar las voces sinceras que anuncian una catástrofe nacional.
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