Hay plena evidencia de graves incidentes provocados por escoltas.
El país no puede —ni quiere— soportar más de 100,000 secuestros en un año (INEGI, 2012). México Unido Contra la Delincuencia afirma que los delitos de alto impacto —robo, homicidio, secuestro y extorsión- representan más de la mitad de la criminalidad. En ese contexto, la proliferación de cuerpos de seguridad privados y escoltas personales pudiera interpretarse como un efecto lógico, pero muy preocupante. La inseguridad es caldo de cultivo para el surgimiento de empresas y personas de seguridad que ofrecen servicios, sin cubrir requisitos mínimos de profesionalización o confianza.
Afuera de escuelas, centros de reunión y restaurantes se ven autos blindados, con vidrios polarizados, estrobos, tumbaburros y sirenas, cuyos malencarados ocupantes despiertan casi el mismo temor que los delincuentes. Son miles de empresas y decenas de miles de personas involucradas en actividades de seguridad privada, un número que quizá supera al de las propias fuerzas federales. Incluso, este negocio ha sido refugio para quienes han sido rechazados o separados de corporaciones policiacas y militares.
La mayoría de estos prestadores de servicios —conocidos como guaruras— no están registrados ni tienen certificación alguna; no siguen protocolos, carecen de preparación y no tienen educación vial, además de operar en la clandestinidad. Actúan por la libre y hay plena evidencia de graves incidentes provocados por esos escoltas, en agravio de ciudadanos comunes.
La falta de profesionalismo no es exclusiva de este oficio, pero recordemos que aquí hay armas de por medio y jalar el gatillo o aventar el automóvil no deben ser reacciones instintivas ni prepotentes. Todo entorno incierto genera desorden e impunidad: el riesgo lo corren por igual clientes, los propios guardias y la sociedad.
Promover fuentes alternativas de seguridad ante la incapacidad del Estado para garantizarla puede ser una solución falsa, aunque parezca la única disponible para la gente adinerada. ¿Estamos frente a una versión VIP de los grupos de autodefensa? ¿Es acaso una opción extralegal socialmente tolerada?
ESCOLTAS SIN CONTROL
mientras la Federación despliega estrategias para recuperar el control de la seguridad en estados como Michoacán, Morelos y Tamaulipas, los hechos confirman cada día que la demanda de seguridad rebasa por mucho la oferta que merecen los ciudadanos.
Por el bien de todos, el servicio de protección y custodia, particularmente el de escoltas personales, debe ser regulado y controlado con eficacia. El gobierno federal reconoció la necesidad de un censo nacional de guardias privados, incluso de integrarlos a Plataforma México y someterlos a pruebas de control de confianza. Gobiernos locales también reconocen el problema, pero, hasta ahora, muy poco se ha hecho. La ciudad de México dio un paso firme el año pasado cuando la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa de Miguel Ángel Mancera para reformar la Ley de Seguridad Privada en la capital, pero esto apenas es un paso inicial.
A nadie conviene la ilegalidad, ni siquiera a los propios escoltas. Se requiere una regulación a nivel nacional para este oficio, que nació para proteger y cuidar, pero que ahora demuestra descuido y prepotencia.
