Los rescates aparentemente están de moda. Se recuperan espacios públicos, tesoros históricos, carreteras en quiebra, bancos y carteras vencidas. ¿Y el civismo?
Pese a ser una materia despreciada en los planes de estudio de la educación básica y más allá de la definición de la Real Academia que lo ubica como un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública, en el México de hoy, el civismo está en el olvido. Ha dejado de ser el fundamento para lograr una vida armónica en comunidad, una sana convivencia, una legalidad vivencial y una gobernanza efectiva.
Por mucho tiempo la atención pública ha estado concentrada en los escándalos de la clase política, en la creación de comisiones legislativas investigadoras, en los informes sobre posibles conflictos de interés en el Poder Ejecutivo, y no es que ello carezca de interés, pero quizá estamos perdiendo el enfoque al ignorar la envergadura de lo que aflige a México todos los días, a todas horas y en todo lugar; en el crucero donde un conductor pregunta al policía que lo acaba de detener cómo pueden “arreglarse”, en la calle tapizada de basura por peatones y vecinos, en los bienes públicos maltratados por sus propios dueños, en la ofensa e indiferencia ante los asuntos comunitarios. Las heridas de la indolencia y la ilegalidad cotidiana son extensas y profundas.
Leyes y reglas existen aunque está demostrado que ninguna es efectiva en un ámbito de escaso compromiso y enorme impunidad. Al igual que ocurre en otros estados, la ciudad de México cuenta con una Ley de Cultura Cívica cuyo objetivo es establecer reglas mínimas de comportamiento y garantizar el respeto a las personas y a los bienes públicos y privados. En su más reciente reforma se añadió el propósito de promover una cultura de la legalidad, el orden normativo de la ciudad y el conocimiento de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos.
La responsabilidad de que esa ley se cumpla recae en buena medida en los jueces cívicos, un cargo ocupado por mexicanos de nacimiento, mayores de 25 años, licenciados en Derecho con al menos un año de ejercicio profesional y sin sentencia por delito intencional ni inhabilitación en el servicio público. Su labor la realizan en los Juzgados Cívicos (en la CDMX hay 52) para brindar asesoría jurídica gratuita, canalizar personas en situación de riesgo, promover conciliaciones entre particulares y resolver quejas por infracciones y problemas comunitarios, además de fomentar la prevención de faltas y la conciencia cívica.
CAPITAL SOCIAL
Las faltas cívicas no son delitos. Son expresiones de ilegalidad que encienden señales de alerta. Por ello es necesario promover más y mejor tales reglas mínimas de comportamiento cívico.
Capital social significa también diseñar y promover programas vecinales que impliquen la participación de los habitantes en colaboración con las autoridades competentes para la preservación y conservación del orden público. Si aspiramos a alcanzar un nuevo nivel de progreso y desarrollo humano, el civismo debe necesariamente insertarse en las prioridades de la CDMX y del país entero.
