Mañana, 18 de junio, se cumplen cinco años de la reforma constitucional en materia de Justicia Penal en México, la más trascendente del último siglo.
Sin embargo, no hay motivos para celebrar, pero sí, en cambio, razones para preocuparnos, exigir y reflexionar sobre los severos atrasos y dificultades en su proceso de implementación.
El Congreso de la Unión desde el 2008 ordenó que la Federación, los estados y el Distrito Federal deberán expedir las leyes para poner en vigor el sistema procesal penal acusatorio (comúnmente conocido como juicios orales), sin exceder el plazo de ocho años.
En consecuencia, todas las entidades del país debieron estar destinando recursos, esfuerzos y presupuestos suficientes al diseño de las reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, y capacitación necesaria para jueces, ministerios públicos, policías, peritos y abogados.
Pero el deber ser dista mucho del ser, pues hasta hoy sólo tres estados están en operación total del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mientras que otras 10 entidades federativas están operando sólo parcialmente.
El resto de las 19 entidades está en proceso de implementación en diferentes grados de avance y sólo le quedan tres años.
Los resultados hasta ahora son desproporcionales.
Esta reforma penal no fue diseñada para acabar con la inseguridad, sino esencialmente para abatir la terrible impunidad. El objetivo es lograr un sistema de justicia que resuelva más ágilmente los procedimientos y propicie que los habitantes confíen en sus jueces, ministerios públicos, policías, peritos y abogados. Las autoridades deben garantizar que se condene al culpable y se absuelva al inocente.
Ausencia de planeación y estrategia del gobierno
Optimistas y pesimistas de oficio debaten con pasión, apatía o desidia. Lo cierto es que vamos tarde, pagando un alto costo por la inexperiencia en el proceso de cambio. La multiplicidad de ajustes está siendo inevitable.
La reforma penal inició con debates y resistencias, seguida de buen ánimo y expectativas, luego vino inquietud y cuestionamiento, después agotamiento de tiempos y presupuestos para, finalmente, llegar a la desesperación.
El presidente Enrique Peña Nieto confirmó que no habrá prórrogas para la implementación de esta reforma constitucional, pese a que menos del 11% de la población sabe o recuerda que desde el 2008 se inició. De este tamaño es el enorme desafío del sistema de justicia penal.
No se trata únicamente de cambiar leyes, sino de modificar la mentalidad y hábitos de los operadores del sistema, siendo de fondo un tema generacional donde confluyen distintas energías de juventud vitalizadora y de madurez conservadora.
Somos la generación con la responsabilidad de concretar, debida y eficazmente, la verdadera modernización del Estado Mexicano. Desterremos al Derecho Penal como herramienta de control y venganza política.
La reforma penal debe generar alternativas de desarrollo social equitativo, políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables, reivindiquen la actuación gubernamental y humanicen al derecho.
La reforma sigue en el aire. La realidad nos alcanzará en junio del 2016 y se tendrán que rendir serias cuentas. ¿Habrá consecuencias para los gobiernos incumplidos?
Carlos Requena
Derecho Reservado – El Economista
https://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/06/16/derecho-penal-justicia-fallida
