La Contraloría General del Distrito Federal, encabezada por Hiram Almeida, resolvió aplicar 54 sanciones administrativas a 33 exservidores públicos, incluyendo la inhabilitación por 20 años y acusaciones en contra del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas. Se les sancionó por actos u omisiones al faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y a la eficiencia en el desempeño de sus cargos. El veredicto sobre la Línea 12 quizá logre purgar algunas culpas de la administración de Marcelo Ebrard, pero no remedia los agobios cotidianos ni los daños a miles de usuarios del sistema de transporte colectivo. Más allá del panorama técnico sobre la incompatibilidad entre trenes y vías, procede un acto de conciencia sobre las causas del problema. Esas que tienen causantes con nombre y apellido.
Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México expidió un Código de Ética de los Servidores Públicos que, entre otros aspectos, establece que todas las decisiones y acciones del funcionario público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, y que el servicio público es un patrimonio de todos los mexicanos y una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales.
No debiera preocuparnos solo el desgaste de las vías, sino el que representa la pasada administración pública capitalina. Los ciudadanos de a pie quizá no comprendan los detalles de los errores técnicos, pero sí la existencia de uso de documentos falsos, tráfico de influencias, desvío de recursos, entrega de trabajos no concluidos y falta de supervisión. Ese proyecto, como obra pública, terminó mal porque empezó mal.
En el servicio público, la ineficacia es omisión imperdonable, pero también negligencia indefendible frente a la gobernanza. Increíble que la falta de compromiso ante lo social y el mal desempeño de unos pocos demerite la valiosa vocación de muchos, afectando derechos ciudadanos de movilidad, calidad de vida y seguridad.
Los actores privados tampoco están exentos de responsabilidad legal o moral, máxime si su contratación tenía por objeto satisfacer el interés público. Ahí está por ejemplo el caso de ICA, empresa deslegitimada por su participación en las deficiencias de la obra, que debe asumir sus propias consecuencias y remediar su situación. Para los mexicanos sería inaudito imaginar que ICA se viera favorecida en otras grandes licitaciones o concursos, estatales o federales, sin previamente aclarar, transparentar y solucionar su actuación ante los hechos tan cuestionables del proyecto Línea 12.
RESPONSABILIDAD PENAL
Resultará fundamental lograr la debida liquidación del proyecto Metro Línea 12 y la reactivación del servicio, pero la atención ahora se centrará en el resultado que arrojen las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al frente de Rodolfo Ríos, al tomar en cuenta, en cada caso, si el exservidor público sancionado era de base o de confianza, su antigüedad en el cargo, nivel jerárquico, percepciones laborales, situación socioeconómica, grado de instrucción, su grado de participación, las circunstancias especiales en torno a los hechos y el monto del beneficio ilícito obtenido o la magnitud del daño causado.
