Una absurda barrera que padecen las personas con discapacidad es atribuirles que debido a sus características es imposible su integración plena a la sociedad. Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones. Atendiendo a su condición física, mental, intelectual o sensorial particular, son injustamente etiquetados como minusválidos, inválidos, impedidos, lisiados e incapacitados. La discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas.
En México existen aproximadamente 10 millones de personas imposibilitadas para incorporarse plenamente en sociedad según cifras de la Organización Mundial de la Salud. El Inegi reporta a casi 7.2 millones con alguna discapacidad, la mayoría para caminar y ver. Según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, menos de la quinta parte de esta población marginada recibe ingresos suficientes para cubrir sus necesidades; para 78% de ellos es difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno y uno de cada tres considera que sus servicios de salud son suficientes.
Pese a su ardua lucha cotidiana para librar barreras en su acceso, movilidad, inclusión y desarrollo, estos grupos en situación de discriminación se las arregla para vivir o sobrevivir sin infraestructura urbana ni apoyos eficaces, pero mantienen una exigencia totalmente justa y válida: que se respeten sus derechos humanos universales, los mismos de todos para todos.
Difícil meta, la del trato igualitario cuando ellos enfrentan desafíos adicionales como terapias, equipos (sillas de ruedas de 1,500 pesos a más de 40,000, si es eléctrica), falta de conciencia humana y rechazo a sus diferencias.
Muchas de estas personas representan admirables esfuerzos para vivir y sobrevivir, al convertirse en motivo de orgullo nacional. Ahí están nuestros deportistas paralímpicos, que en los recientes Juegos de Londres 2012 dieron a México 21 medallas, seis de ellas de oro, gracias al destacado desempeño de Juan Ignacio Reyes y Gustavo Sánchez, en natación; Ángeles Ortiz y Luis Alberto Zepeda, en atletismo, y Amalia Pérez, en halterofilia.
Además del deporte, existe también la valiosa labor de inclusión del Conapred, presidido por Alexandra Haas, y de organizaciones civiles como Libre Acceso, Juntos, APAC, CONFE y Vida Independiente.
Jurídicamente los avances son innegables. Los derechos de las personas con discapacidad se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Personas con Discapacidad y otros Tratados Internacionales, la Constitución Mexicana, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Código Civil y en las regulaciones electorales, del servicio público, del seguro social y hasta en la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece incentivos por contrataciones. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta constantemente criterios en favor de los derechos de movilidad, accesibilidad y asistencia externa para los grupos en situación de discriminación.
Falso diagnóstico
En la realidad, no son sus denominadas capacidades diferentes las que los limitan, sino las barreras que provienen de sociedades, gobiernos y empresas que insisten en mirarlos con lástima y en mantenerlos socialmente excluidos, económicamente ignorados y sin infraestructura. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos incapacitados?
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