Harto de ser ubicado en Internet como deudor en temas financieros, Mario Costeja, consultor español, decidió demandar a Google, el poderoso buscador de la red, por vincular entre sus resultados información caduca sobre su persona. Nadie esperaba que un proceso frente al gigante de la información pudiera prosperar. Logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera en su favor el borrado de todo enlace que ya no sea pertinente y pueda afectarlo. El caso sentó un importante precedente en Europa. Costeja y otras personas que le siguieron mucho abonaron al llamado “derecho al olvido”, el cual está relacionado con la protección de datos personales, siendo el derecho a borrar, bloquear, cancelar o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.
Múltiples son los casos de personas y empresas afectadas en su imagen por tener etiquetados estigmas de procesos legales o por malas experiencias pasadas. El garante del cumplimiento del derecho al olvido en México es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, presidido por la comisionada Ximena Puente de la Mora. Aquí los denominan derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de la información). Tales derechos sólo podrán restringirse por razones de seguridad nacional, seguridad pública, leyes de orden público, salud pública, para proteger derechos de terceros o por resolución de una autoridad competente.
Habrá colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la información, pues, generalmente, cuando alguien quiere que una información se olvide, otro está interesado en que sea recordada. Se enfrentarán el derecho al olvido con el derecho a recordar la verdad, sometiendo a prueba el equilibrio entre la protección de datos personales y la transparencia.
En la práctica no toda información podrá ser borrada, máxime cuando esté dispersa en redes sociales y medios de comunicación masivos. Imaginemos, por ejemplo, el derecho a la libre contratación laboral, condicionado a saber a quién se está contratando; el derecho al otorgamiento de créditos financieros, condicionado a quién se está prestando; el derecho a una carta de recomendación laboral, a sabiendas de que el recomendado delinquió, o ciertos empleos públicos o privados condicionados a que la persona no haya sido sentenciada por delito doloso.
REBASANDO POR LA IZQUIERDA
Ante el nuevo partido político de izquierda, Morena, no falta quien pronostique el declive del PRD o, al menos, su debilitamiento. Pero en política la percepción hace la diferencia. Al menos esto es lo que últimamente han externado legisladores perredistas, quienes han identificado a un desamparado y electoralmente valioso segmento de ciudadanos que cree en la izquierda, pero no con los radicales opositores novopartidistas.
Además, la disposición de los diputados del PRD, comandados por Silvano Aureoles, para criticar las leyes secundarias energéticas sin obstruir el debate, es plausible. El privilegio de la argumentación por encima de la toma de tribunas y otras acciones extraparlamentarias representa, sin duda, una buena noticia democrática.
