La lista de sucesos indignantes, agudizada por la tragedia de Ayotzinapa, demuestra que la estabilidad no tiene palabra de honor. Lo que parece hoy un reclamo de paz, mañana podría convertirse en estallido social.
Este vulnerable flanco sociológico se suma a otro de mayor preocupación: el económico. A pesar de la relativa inmunidad de México ante las crisis internacionales, la promesa de las reformas estructurales, la aparente reactivación industrial y el supuesto crecimiento del empleo, surgen señales de alerta por la opacidad y corrupción en los manejos financieros.
La caída en los precios del petróleo, la inflación anualizada de 4.3% en octubre -una de las más altas del 2014- y el déficit comercial con algunos principales y poderosos socios, como China, así como el excesivo avance de la deuda pública en estados, como Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Durango, Chihuahua, Jalisco, Colima, Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, representan graves amenazas para la gobernabilidad. Máxime, ante la baja en el pronóstico de crecimiento del país (del rango 2-2.8% a 2-2.5%), anunciado por Agustín Carstens del Banco de México.
No hay certidumbre ni credibilidad en el manejo de los recursos financieros gubernamentales y de la hacienda pública. Algunas autoridades parecen advertir que esto provoca riesgos de inestabilidad y quizá por eso adoptaron algunas medidas de aparente austeridad para el gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, con la idea de toparlo en 2% más de lo autorizado para este año. Pero una cosa es el ejercicio del poder y otra, el ejercicio del no poder rendir cuentas claras.
El contexto social nacional exige prudencia y conciencia de la responsabilidad política de los gobernantes. La impunidad criminal es intolerable, pero la impunidad política es imperdonable. Adviértase que la deuda pública en 27 de las 32 entidades del país representa más de 100% de sus ingresos propios. Al término del 2013, la deuda estatal y municipal ascendió a 482,807 millones de pesos, lo que representó un aumento de 11.05% con respecto al 2012.
Estos excesivos y crecientes endeudamientos tienen olores a corrupción, envenenan el desarrollo nacional y atizan los escenarios ya encendidos. Bastante efervescencia existe en lo social como para que nuestros gobernantes se den el lujo de gastar dinero en agravio del bienestar de la gente. Sus temporales cargos públicos no son cheques en blanco ni reciclables. Ya basta que gobernadores y presidentes municipales sean inspiración para películas como La Dictadura Perfecta.
TACHE PARA MÉXICO
Los mexicanos consideran al país como violento e inestable. Esta lamentable percepción se ha agudizado en el último lustro. En su Indicador de Gobernabilidad 2014, el Banco Mundial, presidido por Jim Yong Kim, otorgó a México una calificación de 22.75 respecto del 100 disponible. Este reporte, que valora criterios de estabilidad política, ausencia de violencia-terrorismo, Estado de Derecho y control de corrupción, es hoy mucho más pesimista.
Hace poco supuestamente el país estaba por arribar a la modernización prometida, pero la violencia, pobreza y desigualdad se niegan a darnos ese futuro.
