La falta de regulación e incumplimiento de las leyes provoca consecuencias desastrosas. Ejemplo de ello son las funestas experiencias protagonizadas por guardias de seguridad privada -escoltas, guardaespaldas o guaruras- que operan “por la libre”, para quiénes la única ley es la instrucción o voluntad de su patrón, por insensata, prepotente, agresiva, caprichosa e irracional que resulte.
En diversa columna titulada “Gorilas en fuga” denunciamos que para un ciudadano común es imposible distinguir entre delincuentes y guaruras. Todos representan agresión, intimidación, amenaza y violencia, trayendo mayores expresiones cotidianas de impotencia e impunidad. En otra columna: “Reyes de la impunidad”, insistíamos en la necesidad de ir más allá de una Ley Federal de Seguridad Privada y de un reglamento tibio que poco o nada resolvía en esta materia.
Por ello, reconocemos que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se haya decidido a proponer un esquema para regular a los escoltas en la CDMX, convirtiéndola en la primera entidad en tratar de controlar, supervisar y vigilar con legalidad el servicio de guardaespaldas.
El nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada capitalina promueve el endurecimiento de controles y supervisión para la identificación de las unidades de escoltas (medida que ha sido cuestionada por algunas empresas de seguridad privada), el uso de placas especiales, el registro de personal, armas y vehículos, la capacitación, certificación y realización periódica de evaluaciones médicas, físicas, psicológicas, toxicológicas y socioeconómicas a los escoltas, y la novedosa condición del empleador como responsable solidario de los daños y perjuicios causados por su personal de seguridad. Las sanciones para los proveedores de servicios de seguridad privada y de escoltas podrían alcanzar los 385,400 pesos (5,000 Unidades de Cuenta) y en caso de reincidencia aumentarán.
La regulación capitalina aplicará para aproximadamente 737 empresas que ofrecen estos servicios. La implementación correrá a cargo de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, quien irá evaluando los avances del programa.
COORDINACIÓN COORDINADA
El nuevo reglamento capitalino fija un importante precedente a nivel nacional. Por lo pronto, la CDMX busca concretar un convenio Metropolitano que cierre la pinza regulatoria para garantizar el control riguroso de escoltas. Pero el caótico y vasto territorio del Valle de México exige esfuerzos sobrehumanos para coordinar a las entidades federativas, sobre todo al Estado de México gobernado por Eruviel Ávila. Sin la unificación regulatoria o la armonización de acciones, en las demás entidades se seguirán abriendo espacios para la confusión y agravio ciudadano.
La regulación de escoltas debe extenderse a nivel nacional donde se estima que operan más de 3,400 empresas del giro. Por el bien de todos, ningún rincón de México debe quedar expuesto al abuso y a la prepotencia de la que ya todos estamos hartos. Esperemos que Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, tome cartas en el asunto. Los gobernantes de hoy no pueden ser ajenos a tanta realidad que impacta y cuestiona al modelo de la política criminal del Estado.
Al poder hay que regularlo; a la prepotencia, reprimirla; pero a la indiferencia, denunciarla.
